Las alteraciones de orden público registradas ayer en diferentes puntos de Valledupar, por parte de grupos de mototaxistas, estaban más que anunciadas, pues la protesta se ha convertido en la forma efectiva de los diferentes grupos sociales de la ciudad para llamar la atención de las autoridades.

Primero fueron los conductores de taxis y buses, quienes hicieron hace algunos días manifestaciones para exigir mano dura de las autoridades de tránsito contra la ilegalidad. El alcalde les atendió y el martes se reactivó el convenio con la Dirección Nacional de Policía para que los agentes de la seccional de Tránsito y Transporte retomaran sus labores de control en la ciudad.

No obstante, esperamos que la administración municipal se mantenga firme con los controles a la movilidad, a que no doblegue ante las nuevas presiones, porque no pueden pretender quienes han encontrado en la ilegalidad un estilo de vida, ser medidos con el mismo rasero.

De igual forma, destacamos el espacio de diálogo que se dio con representantes de los motociclistas, quienes le recordaron al alcalde Augusto Ramírez Uhía una realidad que él y todos conocemos, pero contra la cual no ha habido acciones concretas ni desde lo local ni desde el Gobierno Nacional: el desempleo. La mayoría de los protestantes coinciden en que no quieren ser mototaxistas, pero la falta de oportunidades los obliga.

Regular la circulación de casi 90 mil motos no es fácil en una ciudad como Valledupar; con tan solo 55 policías, 10 agentes azules y 35 guías de tránsito. Ese personal durante los últimos días se ha hecho visible en sus operativos para dar cumplimiento a la prohibición de parrilleros, restricción a la circulación en el centro de la ciudad y los miércoles sin motos.

Conocimos que los operativos ha llevado a que haya alrededor de cinco mil motocicletas en el parqueadero municipal, por lo que la Secretaría de Tránsito trabaja en el proceso para iniciar la chatarrización de las mismas y recuperar espacio en ese ‘cementerio’, en el que muchos dejan perder sus vehículos al resultar más provechoso comprar una nueva moto que ponerse al día con la documentación y pagar las sanciones.

Invitamos a la ciudadanía a no quedarse en la cultura de la ilegalidad, a utilizar los elementos de seguridad. Entendemos que muchos no tienen para comprar el SOAT y ni siquiera para hacer la revisión tecnicomecánica, pero deben ser conscientes de la gran responsabilidad que acarrea ser motociclista.

Por último, esperamos que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, empiece paulatinamente a salir del concreto para avanzar en el proceso de motorización del sistema que tanto necesita la ciudad. Compartimos la angustia de los usuarios del transporte que se quejan de las largas esperas en los paraderos y de la inexistencia de rutas hacia diferentes sectores de la ciudad. Esas fallas le abren el paso a la ilegalidad.