Es una muestra más de cómo la violencia sigue afectando a nuestro martirizado país. De que los esfuerzos quedan a medias, que no se persiste en desactivarla, solo se insiste en detenerla con el uso legítimo de la fuerza oficial; que la presión feroz sobre la tierra (los bosques) y el agua (los ríos) se mantiene en amplias regiones, para ser usada en actividades tradicionales de ganadería y agricultura; que se le corta la respiración al viento y las alas a las aves.   

Hacer visible un problema es para demandar su solución y conminar a gobiernos y a toda la sociedad en esa implementación. Vamos a transcribir apartes del editorial de ayer de El Espectador dado que coincidimos plenamente con lo expuesto y porque al transcribirlo reconocemos que no lo podemos decir mejor:  “Mientras el Congreso y la Presidencia de la República enredan la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección de líderes ambientales, Colombia se gana por segunda vez el horroroso reconocimiento de ser el país donde fueron asesinados más activistas ambientales. El informe reciente de Global Witness, donde nuestro país aporta casi el 30 % de todos los líderes sociales violentados en el 2020, es una pregunta abierta urgente: si Colombia supuestamente tiene todos los mecanismos normativos e institucionales para defender el medio ambiente, ¿por qué seguimos siendo potencia mundial en la violencia?

Rastrear el asesinato de líderes ambientales es encontrarse con una letanía de los fracasos recientes y una amarga advertencia sobre lo que está por venir. La conclusión de Global Witness apunta a un aspecto evidente: como el Acuerdo de Paz no se ha implementado de manera adecuada, los líderes, incluyendo los ambientales, siguen siendo objetivo de grupos armados al margen de la ley. Que en estos años de la firma no hayamos tenido políticas coherentes, concretas y contundentes ha dejado desprotegidos territorios en pugna, cobrando la vida de quienes le apuestan a la defensa de nuestros recursos naturales.

La cifra está sobre la mesa: 65 de los 227 defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados en el mundo estaban en Colombia. El 71 % de esos líderes estaba protegiendo bosques. Les estamos fallando a quienes quieren asegurar el futuro de todos los colombianos”. El diario se sorprende de la miopía de la representación de los empresarios, que tenemos la esperanza de que no es la de la mayoría de estos: “A la par de esa noticia, sigue la oposición al Acuerdo de Escazú. Francisco Lloreda, presidente del Consejo Gremial Nacional, dijo que los puntos que allí se refieren están contemplados ya en las leyes colombianas y que ratificarlo podría obstaculizar proyectos de desarrollo y hasta perderse la soberanía. Es necesario repetir la pregunta: si ya contamos con las normas, ¿por qué no las estamos cumpliendo para proteger a los líderes ambientales? Si la respuesta es un tema de ejecución, ¿no sería mejor, entonces, tener compromisos internacionales a los que haya que responder y de los que el Estado no pueda sacudirse tan fácilmente?”.