Por Camilo Quiroz H.

Llena el pecho de rabia y decepción que, a pesar de los problemas de inmensa complejidad que tiene este país, nos tengamos que sentar a discutir disparates. Qué impotencia y frustración el ser víctimas de un liderazgo presidencial cuya lógica opera al revés. 

Los ejemplos abundan. El último acaeció el pasado 7 de julio, durante una visita a Buenaventura. Nuestro presidente nos mostró, sin disimulo y sin pudor, cómo la demencia institucional se ha convertido en la norma. 

En una ciudad en la que el miedo a las balas y la violencia son el pan de cada día, la respuesta gubernamental fue insólita: ofrecer un premio pecuniario para los jóvenes que dejen la delincuencia. Un millón de pesos, nada menos… 

Parece chiste, pero es tragedia, sobre todo por no escarmentar de la experiencia. El listado de los ‘paramilitares de papel’ se incrementó para recibir el subsidio dado por el gobierno con ocasión de la desmovilización. Sin duda, esta jugosa oferta es un estímulo para delinquir y ‘merecer’ el premio.  

Ese planteamiento, retrato de una total desconexión con la realidad y los principios más básicos de justicia, nos lleva a un callejón moral ciego pues se asume, con una simpleza insultante, que el delincuente es tal por la falta de oportunidades. Como si cada acto violento, cada asalto, cada asesinato, fueran un grito de socorro social. Tal predicamento, además, es un insulto para los millones de colombianos que no delinquen a pesar de estar excluidos de todo tipo de oportunidades. Y también un insulto para los arrogantes ladrones de cuello blanco.

La seguridad del país no necesita dádivas estatales. ¡No, señor presidente! Lo que necesita es justicia, la cual, irónicamente, usted está intentando caricaturizar con un millón de pesos. 

El problema aquí – lo dicen las cifras, no yo –  es que la delincuencia no es simplemente el producto de la falta de oportunidades. ¡No se puede ser tan ingenuo! En Valledupar, el 51% de la población vive debajo de la línea de pobreza, pero ¿acaso todos ellos han decidido empuñar un cuchillo, apretar un gatillo y despojar a sus vecinos de vida y dignidad? ¿Sabe usted cuántos de ellos eligieron la delincuencia? No llega al 2%. Eso, señor presidente: menos del 2%. 

El mensaje presidencial está cargado de una perversidad que hiere el tejido social.  Sostener que el delincuente es delincuente porque es pobre es una forma fácil y cómoda de justificar la violencia y esconder la incapacidad del gobierno. Es como querer curar una herida supurante con una simple tirita, es como arrojar la piedra y esconder la mano. Es también, en última instancia, una forma de invisibilizar a todos aquellos que, a pesar de su situación de vulnerabilidad, nunca se les ocurre vivir en la ilegalidad.

¿Qué mensaje se envía a la mayoría de nuestra población que, a pesar de la adversidad, decide no matar, no robar, no delinquir? ¿Qué estamos diciendo a esos 7 de cada 10 vallenatos que se ganan menos de un salario mínimo, pero que eligen la vía de la legalidad? A ellos, el gobierno los deja en el anonimato, los olvida. Y a los delincuentes, su excelencia, ¡un millón de pesos!

Alinear el incentivo a actuar mal, invirtiendo los valores, es la peor focalización que puede haber, un disparate. ¿Recompensamos al malhechor mientras que el inocente se siga rebuscando? Es una vergüenza absoluta.

La propuesta debería ser, sin lugar a dudas, la inversa – una obviedad sí, pero es que nadie debería estar discutiendo esto –. En fin, centrémonos en recompensar la integridad, el trabajo duro y la resistencia a la tentación del camino fácil que ofrece la delincuencia. 

Demos becas a aquellos estudiantes que, a pesar de vivir en entornos difíciles, han decidido darle prioridad a la educación y la automejora. Apoyemos a aquellos emprendedores que, en lugar de claudicar ante el crimen, se han esforzado por forjar un futuro legítimo a través de negocios legales y éticos. Alentemos a aquellos jóvenes que, contra toda adversidad, optan por el camino del respeto a la ley y la vida.

El gobierno debe entender que la solución a la delincuencia no es la recompensa, sino el castigo proporcional y, en especial, la prevención, la cual comienza con la inversión en educación de calidad, en la creación de empleos dignos, en la promoción de actividades deportivas y culturales que fomenten la formación de ciudadanos integrales, en asegurar la estética de la ciudad y en la garantía de servicios básicos. En todo caso, es fundamental asegurar la ejecución de la justicia, garantizar que aquellos que eligen transgredir la ley enfrenten las consecuencias de sus actos. 

Este contrato social que llamamos Colombia, exige, sin prebendas, el respeto por las leyes. No hay otro camino. El respeto a la ley no se compra.