El sector arrocero en Colombia enfrenta una crisis por la baja rentabilidad del negocio que amenaza la continuidad de la actividad productiva en las regiones, incluido el Caribe. Según tres productores líderes del gremio en el Cesar y La Guajira, los costos de producción superan ampliamente los precios que reciben por el grano, lo que ha llevado a pérdidas económicas significativas y a la convocatoria de eventuales paros para exigir soluciones urgentes.
José Ramón Molina, representante de los arroceros en La Guajira, explicó que desde noviembre de 2024 los precios del arroz han caído en picada, mientras los insumos como fertilizantes, agroquímicos y mano de obra han subido, haciendo insostenible la producción. Actualmente, el kilo de arroz se compra a los productores a 1.320 pesos, mientras que en el mercado final el consumidor paga hasta 4.000 pesos, lo que evidencia una gran inequidad en la cadena.
Molina denunció que la industria molinera, dominada por tres grandes empresas que ejercen un oligopolio, controla los precios a nivel nacional, sin una regulación efectiva por parte del Gobierno nacional.
Contrabando también afecta
“Si nosotros no sembramos, desaparece la actividad arrocera, pero para ellos es fácil seguir importando arroz desde Asia, Brasil o Estados Unidos”, expresó Molina. Además, alertó sobre el ingreso de arroz de contrabando desde Ecuador y la desgravación total de aranceles para importaciones de arroz americano prevista para 2030.
Por su parte, Joaquín Ovalle, presidente del Comité Agropecuario del Cesar, añadió que el costo promedio para producir una hectárea de arroz en la región está entre 6,5 y 7,5 millones de pesos, mientras que la producción promedio ha caído entre 3 y 4 toneladas por hectárea, debido a enfermedades como la bacteriosis.
Con un precio de tonelada en torno a $1,35 millones, los arroceros pierden dinero en cada cosecha. Ovalle enfatizó que el arroz es un producto básico para la seguridad alimentaria nacional y que la crisis es estructural, agravada por el monopolio de la industria y el contrabando asociado al narcotráfico y al lavado de activos.
El llamado al Gobierno nacional
“La ecuación no da. El gobierno que está en turno es el que debe meter la mano a defender la producción de sus arroceros que están lícitamente cultivando o ganándose el sustento para ellos y para su familia. Y no los obligue a volverse también delincuentes como está casi todo el país hoy en día”, expresó el dirigente gremial. Ovalle agregó que alrededor de 500.000 familias en el país dependen directamente del cultivo del arroz y advirtió que la desaparición de esta actividad tendría graves consecuencias sociales y económicas.
Álex Meza, presidente del Comité de Arroceros del Cesar y La Guajira, confirmó que el costo de producción ha estado entre 6,5 y 7 millones por hectárea, mientras el precio ha bajado un 27 %, pero estima que pueda seguir subiendo hasta los 8 millones.
“Por ejemplo, si producimos 6 toneladas a 1.310 pesos, recibimos 7.8 millones, pero el costo es de 8 millones, entonces estamos perdiendo 200.000 pesos por hectárea. Estamos trabajando a pérdida”, calculó Meza.
Con ese contexto, los productores exigen al Gobierno una intervención urgente para regular precios, controlar el contrabando y apoyar con subsidios, como el de almacenamiento, que aún no ha sido implementado, pese a acuerdos previos incumplidos.
Por Redacción EL PILÓN.
