La Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente culpable de falta gravísima al exsecretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute, por hechos ocurridos en el 2018. Además, la Procuraduría lo inhabilitó por 8 años para ejercer cargos públicos. La decisión se dio a raíz de una queja presentada por el exconcejal Ricardo Vives por la celebración de un contrato en el 2018. 

Ese año, la Secretaría de Educación Municipal firmó un contrato de prestación de servicios para la “Adquisición de material didáctico de apoyo a pruebas saber y acompañamiento en el desarrollo y evaluación de competencias”.

CONTRATO

Ese contrato se firmó el 20 de junio de 2018 entre el exsecretario general José Juan Lechuga y  la Fundación Integral para el desarrollo social ‘Ayudar’. Sin embargo, la población estudiantil de las instituciones educativas oficiales del municipio de Valledupar se encontraba en vacaciones y el acta de inicio fue suscrita a escasos 31 días calendario para la realización de las Pruebas Saber 11° (12 de agosto de 2018) a los 3.904 estudiantes de los colegios oficiales del municipio de Valledupar.

Para completar, el material didáctico llegó la primera semana de agosto. Por eso, rectores de las instituciones educativas Loperena y CASD Simón Bolívar devolvieron el material al contratista y no permitieron el desarrollo del contrato. 

El exconcejal Ricardo Vives señaló en su queja: “Como se pudo determinar las debilidades que presentaban los estudiantes de grado 11° y posterior a esto afianzar las habilidades y fortalezas que se buscaban con la aplicación de los tres simulacros si los resultados de dichos simulacros iban a ser entregados después de la realización de la prueba saber 11°”.

Por eso, la Procuraduría General decidió iniciar investigación disciplinaria en contra de Luis Carlos Matute y José Juan Lechuga. En junio del año pasado, la entidad profirió pliego de cargos en contra de ambos funcionarios, porque actuaron de forma “ilícita en los términos que la normatividad disciplinaria predica como elemento estructurante de la falta disciplinaria”.

Por eso, la Procuraduría lo sancionó con destitución (aunque ya no está en el cargo) y una inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos.