La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años por irregularidades en un contrato dirigido al sector educativo del vecino departamento.
La decisión la emitió la Procuraduría General de la Nación en primera instancia tras evidenciar que Pinto suscribió un contrato el 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS), vulnerando los principios de transparencia.
Este aparentemente se suscribió tras presentarse un solo proponente en la licitación debido a que el ente territorial habría puesto unos requisitos, al parecer, innecesarios. Su valor era de $20.453.932.366 y tenía como objetivo la implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo en el departamento de La Guajira.
