La Procuraduría Delegada para la Función Pública solicitó la suspensión y revisión de ocho contratos de infraestructura vial que ascienden a los $384 mil millones. Entre ellos aparece uno en el municipio de La Jagua de Ibirico para la pavimentación de vías urbanas de esta población cesarense, por valor de $9.979.328.314.

Para el Ministerio Público, la licitación de estas vías cuentan con varias irregularidades en el proceso de adjudicación de las mismas.
Anteriormente, el ente de control ya había solicitado a la alcaldía municipal, en cabeza de Yarcelis Rangel Restrepo, ajustar los pliegos de la licitación e hizo observaciones a los procesos en temas relacionados con estudios, indicadores financieros y organizacionales, experiencia de los proponentes y calidad de las obras.

Según las cuentas de la Procuraduría General de la Nación, en las cuestionadas licitaciones están en juego 384 mil millones de pesos de la Nación y asegura que en varios municipios las alcaldías ya fueron notificadas, y cambiaron su esquema de licitación, incluso derivando en la revocatoria de la adjudicación.

Las obras en la mira están en Sahagún y Ciénaga de Oro, en Córdoba, en Umbita y Sutamarchán en Boyacá, en La Jagua de Ibirico en el Cesar; en Sucre en varios municipios que serían repavimentados; y en Meta donde se construiría un puente en el Río Ariari.

EL PILÓN intentó comunicarse con la mandataria de este municipio del centro del Cesar, para conocer si fue notificada y qué ha hecho al respecto, pero no fue posible contactarla.

El procurador general Fernando Carrillo Flórez ordenó la creación de un sistema de vigilancia junto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para hacer el seguimiento a todas las obras de infraestructura vial en el país.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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