Desde el mes de noviembre, la Procuraduría viene exhortando a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes a que realicen las acciones para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

El Ministerio Público dijo que le “preocupan los casos de los departamentos del Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar”.

Esto debido a que el 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación del servicio de alimentación escolar, y en casos particulares, ni siquiera se han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significaría una posible vulneración del derecho de 460 mil beneficiarios en los tres departamentos y cinco 5 municipios señalados, entre ellos Valledupar.

Ante el llamado de la Procuraduría, el encargado del PAE en Valledupar, Rubén Romero Ramírez dijo que hoy 16 de enero se publicarán los pliegos para la contratación.

Desde el mes de noviembre, la Procuraduría viene exhortando a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) “a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa”. El problema de iniciar las clases sin los restaurantes de los colegios públicos en función se repite casi todos los años.

Por ejemplo, en 2018, según referencia del Ministerio Público, solo 38 ETC cumplieron las fechas iniciando la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. Contrario, en más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, “situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio”.

En total, son más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.

En ese sentido, el Ministerio Público se compromete a “vigilar la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y, a su vez, adelantar las acciones necesarias dentro de su competencia para velar por la garantía de los derechos a la educación, la salud, la alimentación equilibrada de los más de 5 millones de niños, las niñas y los adolescentes beneficiarios del PAE”.

Por eso, se impartieron instrucciones a los procuradores territoriales a fin de que informen sobre los cronogramas y condiciones para la operación plena y oportuna del programa.

Por último, el trabajo también se centrará en la vigilancia y revisión del estado de los alimentos que se suministran a la población vulnerable de todo el país.

Por, DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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