La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa de trabajo con autoridades de los municipios de Curumaní, Chiriguaná, Bosconia, Pueblo Bello, El Copey y La Paz, en el Cesar, para evaluar las estrategias empleadas en la provisión de alimentación a las personas privadas de la libertad (PPL).
A la reunión también fueron convocados funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el departamento.
La Procuraduría Provincial Valledupar, en ejercicio de su función preventiva, ofreció a los servidores públicos un espacio para informar al organismo de control sobre los planes y acciones emprendidas para garantizar la entrega oportuna y adecuada de alimentos a los detenidos en los diferentes centros de reclusión.
“Debido a posibles falencias en la entrega de los suplementos alimenticios y a que debe prevalecer el respeto por la dignidad y los derechos humanos universalmente reconocidos en los centros de reclusión”, comunicó la PGN.
Por lo tanto, el Ministerio Público recomendó a las administraciones municipales dejar trazabilidad de las gestiones realizadas ante el INPEC para la suscripción de convenios, con el fin de proporcionar las provisiones necesarias a los PPL.
De acuerdo con la Procuraduría, la convocatoria se originó a raíz de información entregada por las personerías municipales sobre el presunto desabastecimiento de alimentos en algunos centros carcelarios del departamento.
Por Redacción Judicial
