De confirmarse en segunda instancia la inhabilidad de los 15 concejales de Valledupar por parte de la Procuraduría, el líder de la comunidad Wiwa tendría la posibilidad de ocupar una curul, pero también tiene un conflicto de interés que lo inhabilitaría.
En las pasadas elecciones, Pedro Manuel Loperena apoyado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, pretendía ser uno de los 19 concejales de Valledupar, pero los votos no fueron suficientes y ocupó la segunda votación de su colectividad.
Convencido de que ya no podría hacer nada para llegar al cabildo municipal, asegura que transcurridos algunos días de la jornada electoral retomó las actividades inherentes a su cargo como defensor de los derechos humanos de la comunidad Wiwa.
“En esas andaba cuando fui llamado por la administración municipal para que participara en la ejecución de un importante proyecto, estaba adelantando las gestiones referidas al contrato cuando se sobrevino la noticia de que 15 de los 19 concejales de Valledupar estaban siendo procesados por la Procuraduría General de la Nación por un conflicto de intereses en la elección del contralor municipal”, expresó Loperena.
El líder indígena se disponía a firmar el contrato cuando se conoció el fallo de primera instancia mediante el cual se destituía e inhabilitaba por 13 años a 15 de los 19 concejales de la capital cesarense, lo cual le daba una oportunidad para ocupar una curul, pero si firmaba el contrato y la decisión del ente de control se mantenía, quedaría inmediatamente inhabilitado para la vacante que dejaría Wilfrido Ortiz.
Loperena quedó en una encrucijada porque no ha firmado el contrato al no conocer la decisión de segunda instancia del Ministerio Público y teme que su situación económica se vea afectada por los ingresos que le dejaría de percibir como contratista.
Hoy aunque la Procuraduría no se ha pronunciado en segunda instancia, el indígena Wiwa no quiere perder la posibilidad de acceder al Concejo para desde allí seguir luchando por su pueblo y los diferentes sectores de Valledupar que creyeron en sus planteamientos como candidato.
“Siento que mis derechos están siendo vulnerados. Quiero trabajar, tengo las ganas y la experiencia requerida pero no puedo hacerlo ni como contratista ni como eventual concejal de Valledupar, por lo que hago un llamado para que haya celeridad en el proceso y así, de una vez por todas, se resuelva esta encrucijada”, acotó.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
[email protected]
De confirmarse en segunda instancia la inhabilidad de los 15 concejales de Valledupar por parte de la Procuraduría, el líder de la comunidad Wiwa tendría la posibilidad de ocupar una curul, pero también tiene un conflicto de interés que lo inhabilitaría.
En las pasadas elecciones, Pedro Manuel Loperena apoyado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, pretendía ser uno de los 19 concejales de Valledupar, pero los votos no fueron suficientes y ocupó la segunda votación de su colectividad.
Convencido de que ya no podría hacer nada para llegar al cabildo municipal, asegura que transcurridos algunos días de la jornada electoral retomó las actividades inherentes a su cargo como defensor de los derechos humanos de la comunidad Wiwa.
“En esas andaba cuando fui llamado por la administración municipal para que participara en la ejecución de un importante proyecto, estaba adelantando las gestiones referidas al contrato cuando se sobrevino la noticia de que 15 de los 19 concejales de Valledupar estaban siendo procesados por la Procuraduría General de la Nación por un conflicto de intereses en la elección del contralor municipal”, expresó Loperena.
El líder indígena se disponía a firmar el contrato cuando se conoció el fallo de primera instancia mediante el cual se destituía e inhabilitaba por 13 años a 15 de los 19 concejales de la capital cesarense, lo cual le daba una oportunidad para ocupar una curul, pero si firmaba el contrato y la decisión del ente de control se mantenía, quedaría inmediatamente inhabilitado para la vacante que dejaría Wilfrido Ortiz.
Loperena quedó en una encrucijada porque no ha firmado el contrato al no conocer la decisión de segunda instancia del Ministerio Público y teme que su situación económica se vea afectada por los ingresos que le dejaría de percibir como contratista.
Hoy aunque la Procuraduría no se ha pronunciado en segunda instancia, el indígena Wiwa no quiere perder la posibilidad de acceder al Concejo para desde allí seguir luchando por su pueblo y los diferentes sectores de Valledupar que creyeron en sus planteamientos como candidato.
“Siento que mis derechos están siendo vulnerados. Quiero trabajar, tengo las ganas y la experiencia requerida pero no puedo hacerlo ni como contratista ni como eventual concejal de Valledupar, por lo que hago un llamado para que haya celeridad en el proceso y así, de una vez por todas, se resuelva esta encrucijada”, acotó.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
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