La Procuraduría General de la República revocó el fallo de primera instancia adoptado del 2010, mediante el cual sancionaron con destitución e inhabilidad general por 12 años a Sander Sepúlveda Sánchez, en su condición de gerente del Instituto de Desarrollo del Cesar.

En su lugar, la Procuraduría lo absolvió de los cargos formulados. El proceso disciplinario surgió por la suscripción de un contrato para el rediseño organizacional de Idecesar por un valor de $14.2 millones.

Según el denunciante, en los estatutos de la entidad y en las resoluciones modificatorias se encontraba el “redireccionamiento y diseño organizacional, lo que hacía innecesaria dicha contratación”.

Contraria a la sanción de primera instancia, la Procuraduría delegada aseguró que el contrato no representa la ilicitud sustancial, toda vez que, aunque en principio se excedió y violó la autorización de la Junta Directiva al contratar por encima de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, “el gerente procedió a corregir su error suscribiendo el otrosí del 9 de octubre de 2010 y ajustando el contrato a menos de los 25 salarios, por lo tanto el cargo no prospera”.  

“Como ya se anunció, dicha decisión encuentra su fundamento en la presunción de inocencia, dado que el proceso disciplinario no está instituido necesariamente para sancionar. También cumple su finalidad constitucional cuando absuelve al implicado, puesto que a éste le asiste durante todo el proceso la presunción de inocencia y el derecho de defensa, lo cual implica que mientras exista una duda razonable sobre la autoría de la falta y la responsabilidad del investigado, debe preservarse tal garantía, con base en la cual debe ser absuelto”, dice el fallo.