La Procuraduría Delegada para Moralidad Pública abrió indagación preliminar a siete diputados del Cesar de la vigencia 2011- 2015, porque el año pasado autorizaron al entonces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, comprometer vigencias futuras excepcionales, pese a ser el último año de su administración.

Se trata Zulema Correa Ortega, Carlos Daniel Rocha, Luz Helena Salazar, Celso Vides Córdoba, Jorge Antonio Barros Gnecco, Camilo Lacouture Ackerman y Julio César Casadiego. Del grupo los últimos solo tres repitieron en la duma departamental para la vigencia 2016- 2019, aunque Casadiego la semana pasada fue destituido por el Ministerio Público.

Según la Procuraduría, los corporados contrariaron la disposición contenida en el parágrafo 1 de la ley 1483 de 2011. Esta norma prohíbe la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, “excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones”.

Al parecer, las vigencias futuras eran para el proyecto de apoyo al programa de alimentación escolar en los establecimientos educativos oficiales del departamento del Cesar, por lo que la Procuraduría verificará la ocurrencia de las conductas descritas, determinar si estas son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la ley 734 de 2002.

Los vinculados al proceso son: Zulema Correa Ortega, Carlos Daniel Rocha, Luz Helena Salazar, Celso Vides Córdoba, Jorge Antonio Barros Gnecco, Camilo Lacouture Ackerman y Julio César Casadiego.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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