Durante la visita del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, una de las quejas que se llevó a Bogotá fue la que hizo el excandidato a la alcaldía de Pailitas, Carlos Javier Toro Velásquez, quien expuso ante el jefe del Ministerio Público las irregularidades existentes en la sanción impuesta a los 11 concejales de su municipio.

Toro Velásquez se refiere al fallo en primera instancia que dejó por fuera de la corporación a Wilmar Cuellar Pérez, Nefer Angarita y Luís Ángel Baute del partido de la U; Elías Clavijo, Elexso Trigos, del Mais; y Olinto Carrero del Polo Democrático, quienes habrían sido suspendidos por negarse a aprobar un crédito. La sanción disciplinaria la hizo la Procuraduría Provincial de El Banco, Magdalena, con suspensión por un término de 90 días.

El proceso inició por las denuncias puestas en conocimiento a la Procuraduría por parte del alcalde de Pailitas, Said Castro, quien advirtió que “estos concejales se dedicaron a torpedear la administración, negándose a aprobar el Plan de Desarrollo y algunas iniciativas que van en beneficio de la comunidad, solo por diferencias políticas”.

Según indicó Toro Velásquez, los concejales suspendidos aspiraron bajo su línea ideológica, quienes en principio quisieron coadyuvar con los proyectos de la administración municipal en cabeza de Luis Said Castro; pues el acuerdo entre su coalición fue que nunca entorpecerían los proyectos que apuntaran al desarrollo del municipio, pero la historia cambió cuando el alcalde solicitó la aprobación de un crédito de endeudamiento y otras facultades abiertas, a las cuales los concejales se negaron.

Dicha situación causó fricciones entre los concejales y el alcalde por lo que los corporados habrían decidido no entregarse a los intereses de la administración.

Esa fue la razón denunciada por Toro Velásquez, quien asegura que por ese motivo el alcalde Castro los denunció disciplinariamente con el propósito de que los suspendieran y sancionarán en la Procuraduría de El Banco Magdalena. Al sacarlo del juego político, el alcalde quedaría sesionando con cinco concejales, que hacen parte de la coalición.

El Procurador de El Banco suspendió a los concejales por el término de tres meses, por lo que Carlos Toro le manifestó al Procurador General de la Nación que violó todos sus derechos imputándoles cargos fuera del contexto.
Lo que justifica su denuncia

Carlos Toro Velásquez es abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal y magister en derecho procesal probatorio, lo que le dio autoridad para exponer ante el Procurador las irregularidades en que habría caído el Procurador de El Banco, Rafael Díaz. Estas fueron las razones expuestas:

“1. El Procurador adoptó y le dio una extralimitación a un Auto del tribunal que declaró invalida una expresión de un acuerdo por 90 días y señaló que habían desconocido ese auto siendo que llegó cinco meses después a la reglamentación de las facultades ( es decir, como si los concejales hubieran viajado al futuro cinco meses).
2. Conectó dos quejas distintas de quejosos distintos y no declaró la conexidad, lo cual es un requisito en el derecho disciplinario, es decir nos metió una queja a espalda de los indagados.
3. Impuso la medida de suspensión sin fundamentarla lo cual es un requisito sin la cual no puede existir suspensión”.

Por tal motivo, Carlos Toro tomó la batuta como abogado defensor e interpuso una Acción de Tutela, además del respectivo alegato de consulta ante el superior del Procurador de El Banco.

Dicha acción de tutela declaró nula la actuación del Procurador de El Banco por flagrante violación al debido proceso, y los derechos de defensa de los defendidos.

Al declararlo nulo, el proceso iba a continuar en el mismo despacho de la Procuraduría de El Banco, Magdalena, lo que representaría un contrasentido, por tal motivo, el abogado le solicitó al Procurador General revisar la vigilancia especial sobre ese proceso y valorar la necesidad de llevárselo a Bogotá.

Ante la solicitud el Procurador fue receptivo, se pronunció sobre el tema manifestando que ya tenía conocimiento del asunto y dijo que iba a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los concejales haciendo la intervención necesaria dentro del proceso.

Por Adriana Palomo