Colombia es un país bien particular y curioso, a tal punto que muchas veces la gran imaginación de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura, se queda corta… y eso es mucho decir.
Cada  vez que nos preparamos para un proceso electoral se advierte lo mismo: que los grupos ilegales amenazan las elecciones, que el dinero y el clientelismo, otra vez se van a imponer, que la voluntad popular está en entredicho, que a los mismos políticos no les interesa modernizar el proceso electoral y – por lo tanto- este sigue igual…
Esta vez, estamos asistiendo a ver la misma película: el gobierno dice que los grupos armados están al acecho, hace un llamado a los partidos a depurarse y estos hacen caso omiso y las cosas siguen igual, como en la famosa novela del Gatopardo, que todo cambie para que nada cambie, y estas, en efecto, no cambian y todo sigue igual… los mismos con las mismas…

Recordemos que también para las elecciones de Congreso de la República, el año pasado, la Misión de Observación Electoral, otras organizaciones no gubernamentales, el gobierno de entonces y distintos medios de comunicación y algunos columnistas, igualmente, advertían sobre la fragilidad del proceso electoral colombiano, que aún depende de papeles y documentos altamente vulnerables y permeables a una cultura que ya se convirtió en costumbre: el que escruta elige…
Esta vez el panorama es el mismo: el gobierno se muestra impotente frente a su obligación constitucional y legal de garantizar un proceso transparente para elegir a los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.
Todos sabemos que el sistema electoral es excesivamente frágil, tanto en el puesto de votación, como en los sistemas de cómputo y que, en cualquier etapa del proceso, quien tenga la forma de sobornar a los actores del mismo, sean jurados, o funcionarios de la Registraduría Nacional, de bajo, mediano o alto nivel, puede resultar elegido desvirtuando – en manera grave- la voluntad popular.
Lo que acaba de suceder en Cali, que implicó la renuncia de varios funcionarios de la Registraduría Nacional son hechos graves que nuevamente prenden las alarmas sobre la situación de esta institución frente al proceso que se avecina.
Nos preguntamos, ¿Hasta cuando seguiremos en las mismas?. Hasta cuando la ciudadanía colombiana, toda en su conjunto, va a exigir la modernización y la depuración de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del proceso electoral, para poder tener unas garantías mínimas de que los resultados de las elecciones sean, en verdad, la expresión de la voluntad popular.
Estas deberían ser las últimas elecciones a las que asistamos a votar, con el actual y obsoleto sistema electoral. Ya es hora de realizar, en serio, una sincera y transparente depuración del censo electoral, y también una sistematización del sistema de votación y de cómputo, como lo propuso hace varios años el entonces Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón.
El país debe y puede hacer el esfuerzo económico, cuéstele lo que le cueste, de invertir en un sistema electoral eficiente, transparente y que nos brinde, a todos, la garantía de que el voto tiene algún valor y que – efectivamente- la voluntad de cada uno, de cada ciudadano, tiene un valor equivalente y que los resultados son, en efecto, el reflejo de las mayorías que votan y no la voluntad de unos pocos, susceptibles de comprar a quienes poco o nada les importa, en serio, que tengamos un sistema verdaderamente democrático. Por lo pronto, seguimos con la misma película…