Consecuente con el propósito de vincular a Colombia al Acuerdo TISA, al cual me referí en mi columna anterior, el gobierno promueve la privatización de un servicio que, por su naturaleza y carácter, debe ser público: La Seguridad.

La seguridad pública debe ser competencia exclusiva del Estado y su prestación debe estar a cargo de la nación, responsable de garantizar la neutralidad política, la no discriminación y la eficiencia del servicio a la ciudadanía. Ningún organismo privado puede asumir funciones de autoridad legítima; la seguridad pública es un deber indelegable y subordinado a las políticas públicas.

La privatización de la seguridad implica la cesión de poderes públicos al ámbito privado en detrimento del control democrático que se puede tener sobre el ámbito de lo público mas no de lo privado; el pretexto es la ineficiencia de lo público en el control de la violencia. O sea, el Estado, incapaz de controlar la inseguridad actual, desconoce las causas del problema y opta por ceder a entes privados, pagados con dineros de los contribuyentes, su obligación de garantizar la seguridad ciudadana; introduce la lógica del lucro y la ganancia en la prestación del servicio, de manera que a mayor violencia más ganancias; no existe necesariamente una relación de causalidad entre estos factores, pero suelen darse coincidencias preocupantes.
De otra parte, la condición mercantil del servicio conduce a la discriminación, así que quienes disponen de recursos podrán acceder a más seguridad, los demás quedarán al margen; de ahí puede surgir la informalidad en el negocio que dispararía la violencia.

En el Senado cursa un proyecto de ley que busca restaurar las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas que tendrán atribuciones relacionadas con investigación y prevención de riesgos de seguridad, es decir, podrán adelantar averiguaciones relacionadas con la intimidad de las personas poniendo en alto riesgo derechos fundamentales; este modelo se asemeja a las convivir de tan ingrata recordación.
La ley concede atribuciones, especie de “cheque en blanco”, al presidente para establecer los servicios conexos que pueden cederse a las empresas de vigilancia privada sobre las cuales la ciudadanía no puede ejercer ningún control.

El Congreso debate otro proyecto de ley sobre lo mismo y sobre el cual se conocen apenas opiniones, dice que “Por razones de seguridad y defensa nacional, bajo ninguna modalidad societaria se permitirá la inversión de capitales extranjeros en el sector de vigilancia y seguridad privada”. A esta iniciativa se opone el ministro Pinzón alegando que esa prohibición es inconstitucional, discriminatoria, injustificada y excesiva.
Puro neoliberalismo que sigue azotando al país y poniéndole petardos a la Paz.