El primer fallo de San Alberto, que favorece a un grupo familiar víctima de la violencia, es emblemático. La sentencia abre la lista de familias que serán restituidas en este municipio al sur del Cesar y ordena compensar a los opositores con 90 millones de pesos. Las personas hoy compensadas compraron el predio en 1999 cuando la reclamante lo abandonó buscando salvaguardar su vida y la de sus dos hijos, la formalización de la venta se hizo el 4 de septiembre de 2000.

“En esta nueva sentencia la justicia colombiana reconoce la victimización de una familia que sufrió la crueldad del conflicto armado y por eso restituye su derecho a la propiedad, derecho que podrá ejercer con todas las garantías estatales. Para el opositor reconoce una compensación económica por haber probado que actuó éticamente en la negociación. La Unidad de Restitución de Tierras cumplirá la orden de entregar esa suma de dinero y restituir los terrenos”, explicó el director territorial en Magdalena Medio, Fabio Andrés Camargo Gualdrón.

La historia

Los predios ‘El Destino’ de 16 hectáreas y 4 mil metros cuadrados y lote 17 hectáreas más 610 metros cuadrados, ubicados en las veredas Líbano, San Isidro y Los Ortega de la parcelación ‘La Carolina’, en San Alberto, Cesar, pertenecían a María Cárdenas y a su esposo Isidoro Mejía (fallecido), quien era el vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción.

El 24 de octubre de 1990, a las 9:30 de la mañana, Isidoro se dirigía en su bicicleta hacia estos terrenos cuando fue interceptado por sicarios que le quitaron la vida; su cuerpo fue encontrado a las 6:00 de la tarde de ese mismo día, en el área rural de San Alberto.

La parcela y el lote rural habían sido adjudicados a esta familia campesina por el Incora. Cuando Isidoro desapareció, sus dos hijos, siendo aún muy jóvenes, tuvieron que hacerse cargo de la tierra, convirtiéndose en víctimas constantes de amenazas por grupos paramilitares.

En 1996, José Mejía, uno de los descendientes de la familia, recibió una advertencia directa contra su vida por parte de los paramilitares que operaban en la zona bajo el mando de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’.

En 1999, María y sus dos hijos abandonaron el lugar habiendo vendido la parcela a los esposos Gladys y Pedro Monroy, hoy favorecidos por el fallo de restitución con la orden de compensación.

La violencia en San Alberto

Varios documentos recolectados por la Unidad de Restitución de Tierras Dirección Territorial Magdalena Medio, evidenciaron la cruenta situación que enfrentaron los habitantes de esta región durante la década de los 90.

Según las fuentes oficiales, entre los años 1990 y 1997 en San Alberto, delinquían loas frentes ‘Camilo Torres Restrepo’ del Eln, ‘Ramón Gilberto Barbosa Zambrano’ del Epl, el M19 y las autodefensas campesinas del sur del Cesar.

Por otro lado, alias ‘Robert Junior’, señaló en versión libre del 15 de febrero de 2011, su conocimiento referente al desplazamiento forzado de habitantes de este municipio debido a las amenazas de Roberto Prada Gamarra, un paramilitar que en esa época mantenía sus acciones violentas en la región.

Fallo Emblemático

Teniendo en cuenta el contexto de violencia presente en la zona para la época de los hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, ordenó por medio del el fallo proferido el pasado 11 de febrero, la restitución de los predios ‘El Destino’ y el ‘Lote 17A’ a la solicitante.

De igual forma validó las pruebas presentadas por los opositores, que fueron suficientes para demostrar su buena fe exenta de culpa en el momento de la compra del predio.

Al igual que en las demás sentencias de restitución, fueron ordenadas todas las medidas pertinentes para la completa reparación de las víctimas, lo cual involucra la acción interinstitucional de la Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas, Sena, Banco Agrario, ICBF, la Fuerza Pública, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de San Alberto.

Por Álvaro Lora/ EL PILÓN