El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, no son físicamente hombres atractivos, y tampoco originan empatía porque son soberbios, arrogantes y prepotentes en redor de sus atribuciones y funciones constitucionales y legales. 

El diseño constitucional de la Fiscalía General de la Nación derivó equivocadamente en ubicar la institución en la rama judicial del poder público y a que al fiscal general lo investigue y acuse el Congreso de la República, como al presidente y los magistrados de las altas cortes. Esto ha conllevado a que todos los últimos fiscales generales se hayan envuelto en imbéciles vanidades personales.

Montealegre, Martínez Neira y ahora Barbosa sobredimensionaron el cargo de fiscal general y procuraron aprovechar el efímero poder que ostentan para figuraciones inútiles y vanamente altisonantes. Hasta en el lenguaje corporal deslucen. Los tres, sibilinos, que hasta asumieron posiciones de opositores, aún de los gobiernos que los ternaron. 

Definitivamente Petro no es estadista. Eso está claro. Es un hombre corriente, sin atendible formación académica. Tuvo hábilmente suerte para llegar a Presidente de Colombia. No es un hombre extraordinario. Debe estar agradecido con el halo de Dios y propender a acertar en su gobierno, para lo cual debe apartarse del poder que embriaga. Y lo sabe.

El fiscal Barbosa provocó al presidente Petro al decir que por su imprudencia en Twitter había puesto una lápida a un fiscal delegado al aludirlo en un ligero trino con el clan del golfo. Se descompuso el Presidente y reaccionó con una pésima lectura a un artículo de la Constitución Nacional de que como era jefe del Estado, el fiscal general era su subalterno. El aserto denota una crasa ignorancia: “yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”. ¡Por favor!

Barbosa, por su autoimportancia, ripostó para auto lapidarse con su familia por el infructuoso intercambio epistolar vía Twitter y demás redes sociales, entre ambos altos servidores públicos. El espectáculo se muestra definitivamente caricaturesco ante temas corrientes de sus respectivas órbitas funcionales. Y que definitivamente deben ventilarse por los canales oficiales para no asumir irresponsabilidades recíprocas.

El presidente Petro válidamente puede solicitar informaciones al fiscal general, pero no por Twitter o por las redes sociales, sino a través de rutas oficiales. Mucho menos puede hacerle eco dizque a una denuncia de un periodista, sino que la seriedad de la hipótesis se debe corroborar e intercambiar institucionalmente. Elemental.

Pienso que superfluamente se exagera en torno a que las equivocadas posturas jurídicas que asume el fiscal Barbosa tengan pretensiones políticas de aspirar a la presidencia, olvidándose el nefasto viejo referente del exfiscal Valdivieso y adicional a su también nuda formación jurídica, el fiscal no goza de mínimo interés en los ambientes electorales. Definitivamente no cae bien. Ni aun entre los subalternos suyos.

Por cierto, no hay un solo fiscal general que tras dejar su cargo salga a litigar con éxito profesional, y además, dejan una insuperable estela de animadversiones en la entidad y en los ambientes judiciales del país por la siempre vana prepotencia en el ejercicio del cargo. Nadie termina agradecido con ellos, ni aun los coyunturales lambones de siempre. 

En casi todas partes del mundo, la Fiscalía General de la Nación está integrada a la rama ejecutiva del poder público. No en Colombia. Ante una irreverencia de un fiscal general, de negligencias o incompetencias en el ejercicio del empleo en EE.UU. o en la Venezuela del inefable Maduro, procede su insubsistencia, como le hubiera ipso facto ocurrido al enloquecido Barbosa si Petro fuera su superior jerárquico. Lástima.

Por Hugo Mendoza Guerra