El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, llega mañana al departamento del Cesar, específicamente al corregimiento de Guacoche, una de las poblaciones que durante 10 años vivió uno de los capítulos más dolorosos de la guerra a causa de los grupos paramilitares. En compañía de la directora nacional de Víctimas, Yolanda Pinto, y demás funcionarios que trabajan en el proceso de reparación a las víctimas realizarán actividades conmemorativas y conversarán.

A pesar de que el país pasa por una etapa del posconflicto muchas de estos relatos continúan marcando historia en algunas familias que no han podido subsanar la situación, que ya es cosa del pasado pero manifiestan ser revictimizadas por el incumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

Otras comunidades víctimas

José Chona, líder de la Asociación de Campesinos de la Serranía del Perijá, expresa que estar en medio del conflicto es una cuestión difícil de superar y pedirá apoyo para su comunidad durante la visita presidencial. Debido a los azotes de la violencia recuerda que perdió muchos compañeros y campesinos que no tenían nada que ver con grupos armados, pero que, aun así, fueron sacrificados en el marco del conflicto armado.

Rememora lo complicado de la época cuando prohibían llevar alimentos incluso para sus hijos pequeños, “cosas terribles, escalofriante recordar esa parte, cuando veía cómo mataban a nuestros vecinos. Recordar las 6 de la tarde y ver como con las manos llenas de caños y de espinas se los llevaban y sin ningún motivo y razón los asesinaban”, comenta Chona, señalando que en ese momento no podían decir nada por miedo a perder sus vidas.

Su memoria también se remontó a las imágenes llenas de explosivos y, sin ir muy lejos, a muchas partes que permiten que las víctimas vayan a un viaje en el tiempo; por ejemplo, “cuando se mira el techo nos damos cuenta que allí se encuentra los efectos de balas que atravesaron y tener uno a la familia en esa situación es algo muy complicado”.

Otra de los retratos imborrables para José fue el día que en medio de un combate su hijo menor lloraba de hambre, pero él no podía darle alimento por culpa de la guerra que se presentaba. Añade que hoy día se puede observar que en los cafetales aún están aquellos cilindros que contenían explosivos y que lograron callarlos en algún momento.

Manifiesta que al día de hoy la situación no ha cambiado mucho. Para él sería glorioso si se aprovechara el proceso de paz y no hubieran malas intenciones de echarlo a “pique” y dañar todo; “ahora digamos que los campesinos podemos trabajar, podemos movilizarnos sin ningún temor. La Paz es lo mejor que le puede suceder al ser humano al igual que experimentar la tranquilidad y respirar libertad”.

En cuestiones de la Ley 1448 informa que aún no se ha avanzado mucho, ya que esta parte no se ha cumplido, “porque el abandono lo vemos tanto las víctimas como los indígenas que continúan en esta soledad; los campesinos. Entonces, no veo mucho avance”, informó. Su mensaje a los entes nacionales es para seguir apostándole a la paz y cuidar el país, “evitar la corrupción que le hace daño al pueblo; que no dejemos que la tranquilidad del pueblo y comunidades se vayan”.

Estudiantes

Marta Rodríguez, vocera de víctimas, comenta que ante el tema de la reparación colectiva lo que buscan de este proceso es la reivindicación en la Universidad Popular del Cesar, UPC, y evidenciar que las muertes que se hicieron fueron un aporte del paramilitarismo para implementar un modelo educativo de pensamiento único.

La UPC está dentro de las peores universidades de pensamiento crítico, pero por lo menos “lo poquito que encontramos dentro de la universidad es ir a la defensa de estudiantes, profesores y egresados víctimas de esta guerra”, expresa la líder.

El proceso para este grupo inició en el año 2016 cuando comenzaron trabajos de recolección de pruebas que permitirían ser identificados, como objetos de reparación colectiva. Ya en el 2017 consiguieron oficialmente estar adscritos en el Registro Único de Víctimas. Continúan en el proceso de que la institución se siente y negocie ante el estado nacional y ver los compromisos que tienen de este tema puntualmente.

Sin ninguna promesa cumplida, más allá del tema del resarcimiento económico “nosotros buscamos otros tipos de reparaciones; contar la verdad, evidenciar que fue un proyecto político y económico la acotación del paramilitarismo dentro de la universidad”, indica Rodríguez. Trabajos que esperan lograr que el centro de estudio renazca en una relación con la sociedad civil y las comunidades.

Actividad

La universidad ha creado escenarios para contar la verdadera historia de la institución a través de diferentes tertulias sobre las víctimas; así han logrado desarrollar el mural y plasmar una placa en homenajes de los fallecidos. Tres universidades de la región Caribe están vinculadas a la reparación colectiva como es el caso de la Universidad del Atlántico, Universidad de Córdoba y la Universidad Popular del Cesar.

Enviando solicitudes a la Comisión de la Verdad para que tomara un caso particular de las tres sedes, por fortuna tomaron la decisión de tener como tema piloto la UPC. “La comisión llega el 20 de abril donde van a escuchar a víctimas y estudiantes y luego serán escuchados ellos”. Como invitada especial estará la Universidad Nacional que explicará el proyecto político y económico aplicado en su institución y el Centro de Memoria.

Ganaderos

Dueño de tierras también vivieron los días oscuros de la guerra. Una fuente quien también vivenció este flagelo y que no quiso revelar su nombre por temor dio a conocer que en el año 1999 arrendó una propiedad en una jurisdicción de Urumita La Guajira y el EPL (Ejército Popular de Liberación) llegó en agosto del mismo mes hurtando grandes cantidades de ganado. En otro mes 25 novillos de gran tamaño y valor fueron robados a ganaderos de San Diego y llevados rumbo a la vereda ‘El Pedregal’.

Recuerda que en carreteras que conducen al municipio de Chiriguaná, un retén armado en la vereda Estados Unidos se hizo una emboscada “de la guerrilla y fuimos retenidos por dos horas; a mí ya me llevaban a los carros y después me soltaron al decirles que no era una persona pudiente que sólo trabaja para mi familia”. En ese momento la víctima ocupaba el cargo público de procurador judicial.

Eduardo Moscote / EL PILÓN
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