La aparición de los altos jefes de las Farc en el corregimiento de Conejo, jurisdicción de Fonseca, La Guajira, sigue generando polémicas en el país. Después del pronunciamiento de los sectores políticos que no están de acuerdo con lo ocurrido el jueves 18 de febrero, ahora el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció investigaciones disciplinarias en contra de siete funcionarios encargados de la seguridad en Colombia y su zona norte.

En ese sentido, Ordóñez anunció la pesquisa en contra del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán; al comandante general del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero; al general Jorge Enrique Navarrete Jadet, comandante de la Primera División del Ejército Nacional; al general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional; al teniente coronel Iván Orlando González Villamil, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 ‘Coronel Juan José Rendón’ del Ejército Nacional, y contra el teniente coronel William Alfonso Chávez Vargas, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10 ‘Santa Bárbara’ del Ejército Nacional.

Según el procurador, la indagación establecerá si las Fuerzas Militares se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las Farc en el corregimiento del Conejo, como primera medida porque “podría constituir una violación a la Ley 418 de 1997 que en el parágrafo 1º del artículo 8º prescribe que en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.

Así mismo, el Ministerio Público estudiará si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a esta población del sur de La Guajira y habrían puesto en manos de las Farc a sus habitantes.
La Procuraduría advirtió que las investigaciones son adelantadas tras varias denuncias allegadas a la entidad y el registro de noticias sobre la presencia del grupo guerrillero que habría ingresado en un centro educativo de Conejo, “configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política, que impone a las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes”.

Por ahora ninguno de los investigados ha hecho pronunciamiento sobre la decisión de la Procuraduría.

Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo.

Por Carlos Mario Jiménez
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