Mucho se ha experimentado en materia de iniciativas que ayuden a la población a salir de la pobreza o por lo menos a mejorar sus niveles de ingresos y que esta logre la satisfacción de sus necesidades básicas. No obstante, los resultados a la fecha no son los mejores y eso ha obligado a replantear las cosas.

En estos momentos son más de 13 los programas de ayuda social que maneja el Gobierno nacional para la población pobre, los tradicionales subsidios, pero estos no irían más y solo quedarán, aumentándose las transferencias individuales, los adultos mayores ($80.000 a $225.000) y a las madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años a $500.000, (en lugar de los $160.000 a las ‘Familias en Acción’, bajándose los beneficiarios de 1,5 millones a 520.000), según anunció el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar.

La nueva propuesta del gobierno del Petro es redireccionar, y en principio suena razonable: en lugar de entregar partidas económicas mensuales por ciertos tiempos, lo cual, en el criterio de especialistas, se constituye en mero asistencialismo del Estado, se deben formular proyectos productivos que permiten que el dinero sirva para producir y no para gastar.

En ese contexto, en departamentos como el Cesar, La Guajira y toda la región Caribe, es necesario comenzar a conjugar los verbos capacitar, diseñar y formular en términos de elaboración y consecución de proyectos productivos, bajo la premisa de que es la articulación integral de las complejas cadenas económicas lo que constituye la base del desarrollo.

En pocas palabras: tenemos que prepararnos para capitalizar al máximo la iniciativa del Gobierno nacional, el cual está en mora de ejecutar muchos de los presupuestos destinados para programas sociales, máxime cuando estamos ad portas de la puesta en funcionamiento del Ministerio de la Igualdad, ente preñado de mucho dinero, al que le urge comenzar a mostrar resultados concretos y ahora con mayores veras cuando, según fallo de la Corte Constitucional, solo actuará hasta el año 2026.

Entonces, esos dineros que, por partidas mensuales algunas, semestrales o trimestrales otras, llegaban periódicamente mediante subsidios para las poblaciones de distintas edades, consideradas vulnerables, a Valledupar, el Cesar y la región, ahora, con el anuncio, probablemente dejen de circular en el mercado local de oferta y demanda, impactando negativamente el flujo de dinero, lo cual solo se podrá mitigar si se consolidan proyectos que permitan el jalonamiento de un alto porcentaje de esos recursos que el Gobierno tiene programados para iniciativas productivas en el marco de la economía solidaria.

Precisamente, el Plan de Desarrollo de Valledupar a consideración del Concejo Municipal, denominado ‘Valledupar Solidaria y Equitativa’, frente a esta coyuntura del Gobierno nacional, debería hacer énfasis en estos componentes económicos y en consecuencia definir una política pública capaz de aprovechar al máximo los proyectos que entrarían a reemplazar los propósitos que, en teoría, cumplían los subsidios del Estado.

Ahora, falta ver si esa nueva y razonable política, – aunque Bolívar dijo que ya se inició- es solo un anuncio, o un deseo, de implementación tardía, como nos tiene acostumbrados el presente Gobierno nacional.