La administración municipal de La Jagua de Ibirico manifestó su preocupación por un fallo emitido por el Consejo de Estado, el cual establece que las empresas que quieran desarrollar actividades mineras en ese territorio deben primero realizar una consulta previa con los indígenas yukpa, quienes reclaman una zona de la reserva forestal de la serranía de Los Motilones y 100.000 hectáreas de dicho municipio. 

De acuerdo con el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, el fallo lo conoció el pasado domingo, y desde entonces en el municipio se ha arraigado una profunda preocupación debido a que la orden del Consejo de Estado disminuye las posibilidades de que empresas lleguen a ese territorio a invertir en la minería, fuente económica primordial de ese municipio.  

Señaló que es muy poco probable que inversionistas se atrevan a retomar las actividades mineras que anteriormente realizaba la multinacional Prodeco, porque el fallo les ordena que antes de realizar alguna actividad deben solicitarles permiso a los yukpas y “eso dificulta más las cosas y agrava la situación económica del municipio”. 

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“Seguimos siendo afectados por las decisiones de los órganos judiciales porque los yukpas en el municipio de La Jagua de Ibirico nunca han tenido ascendencia y por eso no tienen que frenar los proyectos. Nosotros venimos con muchas dificultades económicas. Prodeco ya devolvió los títulos mineros, pero con este nuevo fallo cualquier otra empresa que quiera venir a operar no puede hacerlo porque no se lo permite”, manifestó Jiménez. 

Acotó que si los yukpas tuvieran cómo demostrar fehacientemente que han tenido ascendencia en La Jagua de Ibirico se llegaría a un acuerdo, pero el municipio no tiene “ningún vinculo con ellos y nos siguen perjudicando actualmente a través del Consejo de Estado”. 

UNA ECONOMÍA EN CRISIS 

De acuerdo con el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, el municipio está atravesando una grave crisis económica desde que Prodeco devolvió los títulos mineros de ese territorio, y dicha actividad económica cesó. Señaló que la comunidad guardaba la esperanza de que la economía pudiera reactivarse con la llegada de otra empresa, pero el fallo del Consejo de Estado dificulta que eso sea posible. 

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Pedro Ortega, habitante de La Jagua de Ibirico, aseveró que para la comunidad ha sido una “noticia desastrosa el fallo” porque significa que la economía seguirá desmejorando en el municipio. Comentó que la actividad económica bandera de ese territorio es la minería por lo que las “trabas” para que proyectos futuros generen empleo es un “daño grave que afecta la calidad de vida de la comunidad jaguera”. 

El concejal de La Jagua de Ibirico Adier Ochoa argumentó que no hay una delimitación clara del territorio que presuntamente le pertenece a los yukpa, y que además de las hectáreas que están dispuestas para la minería también reclaman zonas donde “hay personas asentadas”. Precisó que el Consejo de Estado antes de emitir el fallo debía cerciorarse del estado de las tierras que reclaman los indígenas. 

El alcalde de dicho municipio aseveró que la administración está haciendo todas las consultas jurídicas para estudiar la posibilidad de apelar el fallo a favor de los yukpa, a pesar de que al parecer jurídicamente no tienen más “alternativa” que regirse a lo dictado por el Consejo de Estado. 

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN