Tras las manifestaciones pacíficas realizadas en la Casa Indígena de Valledupar, que tenían como fin defender la autonomía y el derecho a un gobierno propio, la Defensoría del Pueblo en cabeza del delegado para los Grupos Étnicos, Daniel Garcés Carabalí, ratificó la autonomía de estas comunidades para la resolución de lo que han considerado conflictos internos.
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Todo esto manteniendo su facultad constitucional obligada a dialogar con las partes involucradas con el objetivo de buscar una salida mediante el diálogo y la construcción de consensos internos, respetando a los mamos como máxima institución representativa del pueblo arhuaco.
