La sofisticación de la inseguridad en las ciudades coincide o está relacionado con el ritmo vertiginoso de la urbanización. Surgen oportunidades en los entornos de rápido crecimiento, pero también riesgos inquietantes. Algunas ciudades son especialmente susceptibles a las fragilidades urbanas, que aparecen cuando las autoridades de la ciudad no pueden o no quieren brindar servicios básicos a los ciudadanos, desencadenando una ruptura del contrato social de una ciudad. La intensidad de la fragilidad está condicionada por una acumulación de riesgos, entre los que sobresalen: el ritmo de urbanización, la desigualdad social y de ingresos, el desempleo juvenil, la violencia criminal y homicida, el acceso deficiente a servicios clave y la exposición a amenazas climáticas.

Son muchas las recetas para solucionar el problema de inseguridad en las ciudades, sin embargo, diversos estudios lo definen como un fenómeno multicausal. En ese sentido, es una falacia y una forma simplista creer que solamente con más pie de fuerza policial se logra controlar un problema mucho más complejo. Las aproximaciones de las recetas convergen en la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de implementar una política integral de control de armas. 

A propósito de la tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios; en el país por estos días revive esta discusión polémica, debido a la escalada de delitos como la extorsión, el hurto y los homicidios, según lo muestra el Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco). 

No podemos desconocer nuestra rica historia de violencia, la cual ha sido enfrentada mediante todos los medios, principalmente, con ordenamiento jurídico. El artículo 151 de la Constitución establece que el monopolio del uso de las armas está en cabeza del Estado, no obstante, fue hasta el 2016 que, mediante el decreto 0155, se ordenó la suspensión de los permisos para el porte de armas. Disposición que se ha venido confirmando año tras año al evidenciar cómo esta medida incidió en la disminución de los homicidios. 

La sensación de inseguridad sobre todo en ciudades como Bogotá, según lo han venido registrando los medios de comunicación y las redes sociales en general, convierten la discusión sobre la flexibilización del porte de armas en una controversia política ideologizada, omitiendo que, no hay ningún estudio técnico o científico que demuestre que un mayor número de armas portadas no garantiza condiciones de seguridad. El deber está en evitar que los colombianos estemos en desventaja frente a los delincuentes que usan armas. 

Hay que dar el debate entendiendo el entorno, la multicausalidad y la eficiencia institucional, porque caer en el facilismo de dar permisos sin excepciones, para portar armas, concibe incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus territorios y que, por lo tanto, no hay otra opción que el ciudadano tome justicia por mano propia.

Luis Elquis Díaz

@LuchoDiaz12