El ahora senador Uribe, acusa, sin pruebas como le es natural en este tiempo, a gobernantes, periodistas y ciudadanos. No solo lo hizo con el gobernador y nuestros alcaldes, sino que más allá recorrió la Costa, se metió con otros alcaldes. Al alcalde de Cereté, lo llamó al orden.

Pero qué le queda al funcionario de provincia con este líder que es capaz de condenar gravemente al Presidente de La República, sin pruebas, y no le pasa nada, distinto a haber generado dudas, en medio de un debate electoral, sobre la dignidad del presidente-candidato? Pero qué derecho tiene Uribe como si fuera magistrado, procurador, fiscal o contralor, cuando es un francotirador de las instituciones del Estado colombiano y se quiere erigir en gran juez de la sociedad colombiana y en gobernante, a través de leal delegado?

Antier afirmó que el director judicial de noticias RCN tenía pruebas de que se fraguaría un fraude santista en la Registraduría del Estado Civil y lo conminaba a revelarlas. Luego fue desvirtuado por éste y por el director de Noticias Rodrigo Pardo. Otra vez más acusaba sin fundamento y así también pretende meterle miedo a nuestros gobernantes.
Hay cosas que son claras: según la ley los gobernantes no pueden participar en política. También es cierto que esa es una disposición que debe reconsiderarse pues la gestión pública es pura política. Ese boquete se abrió cuando se permitió la reelección inmediata del Presidente de La República. El primer funcionario pudo salir a buscar el favor de los electores.

Es un hecho que el presidente Santos, como es normal, trabaja con gobernadores y alcaldes, y lo ha venido haciendo su gobierno con Luis Alberto Monsalvo y con los alcaldes, principalmente con el capitalino Fredys Socarrás. Ya se exhiben las obras y se proyectan otras, se aumentan los servicios y la economía se expresa en el crecimiento de nuevos almacenes y centros comerciales, hoteles, restaurantes y construcciones. Con todo, es evidente que siguen campeando, como en anteriores gobiernos, niveles censurables de corrupción y desacierto en el uso de los recursos e insatisfacción ciudadana con los servicios públicos y la administración pública.

Pero el elemento fundamental que ha animado y enfrentado a la ciudadanía es el proceso que ha desarrollado Santos para superar décadas de conflicto armado (profundizado y ampliado ahora con el reciente acercamiento a la mesa del ELN). Hemos reiterado que a nuestro juicio este es el elemento fundamental que se decidirá este domingo de elecciones: vamos por la paz que se adelanta con responsabilidad, orden y coherencia o nos metemos en una frenética y sobresaltada coyuntura de nuevas exigencias y probable ruptura del proceso. Esta alternativa podría afectar la estabilidad, el crecimiento de la economía, el fortalecimiento de las instituciones, la paz con los vecinos, los derechos de respetables minorías, y nos puede generar más muertos, heridos e incapacitados.

El empresario Pedro Gómez Barrero, al apoyar la paz que impulsa Santos, tarea a la que se sumaron Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del grupo Aval, y de Nicanor Restrepo Santamaría, artífice del llamado Sindicato Antioqueño, junto a 80 connotados empresarios, manifestó: “Acabar con lo que tantos dolores y costos nos ha causado es algo maravilloso, un país bien educado y en paz es un país con futuro”. Este escenario para el Cesar es deseable: más inversión, más empleos, más desarrollo rural, más seguridad.

De allí que Uribe, erigido en principal saboteador de la paz, con el argumento de que Santos nos quiere llevar al “castrochavismo” – risible pues se han convertido al castrochavismo Sarmiento, Restrepo y Gómez Barrero -, desafía a todos, incluidos a los mas connotados empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, gobernantes, instituciones. Les infunde temor y pretende inmovilizarlos.
Pero también, con sus actitudes, genera un gran miedo Uribe, del que podrá ser afectado su candidato Zuluaga. Paradójicamente, subido y desinflado por él.