Hay múltiples razones por las cuales Colombia se ha convertido en un país muy peligroso para vivir o andar tranquilamente. Es innegable que, en todo momento, sus habitantes corremos el riesgo de ser víctimas por cualquier despropósito, si los enumeráramos la lista sería demasiado extensa.

Comencemos con el drama ocasionado por el caos vial en plena pandemia, que debería bajar por las restricciones impuestas; sin embargo, la estadística del Observatorio Nacional de Seguridad Vial abruma, pues entre enero y junio de 2021, de manera preliminar, registra un total de 3.293 muertos, aumento de 44,3 %, equivalente a 1.011 víctimas fallecidas adicionales frente al mismo periodo del 2020. 

En cuanto a los usuarios de motocicletas representan el 59,1 % del total de muertos y el 62,4 % del número de heridos registrados por causa de siniestros de tránsito. Los peatones constituyen el 21,3 % de los fallecidos y el 14,2 % del total de los transeúntes lesionados. El 10,8 % de los usuarios de carros murieron y el 14,8 % de estos accidentados quedaron heridos. Entre los usuarios de bicicletas fallecieron el 6,86 % y el 8,42 % salieron con lesiones.

Los datos estadísticos más recientes sobre la delincuencia espantan, lo cual se refleja en el índice de hacinamiento en las cárceles del país, que es mayor del 55 % en cerca de 125 mil personas encarceladas, de las cuales más de 84 mil están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y unas 41 mil sindicadas y condenadas. 62 mil con detención domiciliaria; más de 5 mil reclusiones domiciliarias con detector electrónico; casi mil prisioneros resguardados en guarniciones militares, otros purgan sus condenas en celdas especiales, tal como en la cárcel La Picota de Bogotá. Las URI y estaciones de policías de las ciudades capitales permanecen atiborradas de capturados, donde permanecen largo tiempo sin resolverles la situación judicial.

 A menudo los reos quedan en libertad por vencimiento de términos, si no el hacinamiento penitenciario fuera mucho mayor. A pesar de la flexibilidad en la aplicación de justicia, en nuestro país las diversas cárceles disponibles son insuficientes para recluir la cantidad de delincuentes que diariamente los jueces les dictan medidas de aseguramiento por considerarlos un peligro para la sociedad; en consecuencia, en nuestro país han proyectado, a corto y mediano plazo, la construcción de 10   cárceles en varios departamentos con capacidad para albergar por lo menos 40 mil prisioneros. 

Lo más grave de estas inversiones no son sus altos costos, sino la poca o ninguna resocialización de los condenados a largas penas. 

Aunque el conflicto armado interno sigue generando alta inseguridad social, los colombianos anhelantes de la paz conservamos la esperanza de que tarde o temprano pasará a la historia, por el acuerdo pactado por el expresidente Santos y ‘Timochenko’, excomandante las exfarc, hoy partido político con varias curules en el Congreso durante un lapso estipulado. 

Desafortunadamente, el presidente Duque desperdició la oportunidad de acabar este conflicto en su cuatrienio gubernamental, durante el cual ha recrudecido la inseguridad, motivo suficiente para que la ciudadanía sensata, en las próximas elecciones, no vote por los políticos que tienen polarizado al país, los cuales pregonan ser defensores de la democracia. 

Pese a todo lo anterior, el gran problema de Colombia es la corrupción, agravado por el narcotráfico. En estos días escuché en los noticieros que se había incrementado el consumo de gasolina, sin duda alguna, por la alta producción de cocaína que requiere 283 litros de gasolina para obtener un kilo de este narcótico. Pregunto, ¿cuántos galones de gasolina utilizan para sacar las toneladas que se comercializan en gran parte del mundo? Esto involucra mucha gente conformada en incontables carteles clandestinos y asesinos.