Cerca de la mitad de la población privada de la libertad en las estaciones de Policía será removida a centros carcelarios a cargo del Inpec para disminuir los índices de hacinamientos que hay en el departamento del Cesar. 

Así lo anunció la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, quien además explicó que la medida corresponde a unas mesas de trabajo que ha realizado la delegada regional del ente de control con las administraciones municipales. 

“La capacidad de todo el departamento es de 145 sindicados que son los que pueden ser dejados en estaciones de policías, pero el número de recluidos va en 898… Aspiramos, de acuerdo con el trabajo que se está realizando, que 440 sean objeto de traslado a diferentes lugares para efecto de que quede reducido el número de personas que están temporalmente en las estaciones de Policía”, aseveró Cabello Blanco. 

Por ahora los municipios que se comprometieron con los traslados de reclusos a centros carcelarios son Agustín Codazzi con 18 internos, Pueblo Bello con 8, El Copey con 22, Bosconia con 16, Manaure con 8, La Jagua de Ibirico con 35, Curumaní con 13, El Paso con 20 y Valledupar con 300. 

Otros municipios como La Paz, San Diego y Becerril están pendiente de un acuerdo para trasladar parte de los 13, 8 y 31 reclusos que respectivamente tienen en sus estaciones. 

Con esto las autoridades también buscan aliviar otras problemáticas relacionadas a la salud y la alimentación en virtud de garantizar los derechos humanos a la población carcelaria. 

Sin embargo, la procuradora considera que la aplicación de la justicia restaurativa, que hace poco estuvo en boca de la opinión pública, y la construcción de más cárceles en el país podrían mejorar mucho más las condiciones de los internos. 

“En Colombia existe justicia restaurativa desde hace mucho tiempo, la concepción de resocialización y reeducación, de poder adecuar a los privados de la libertad de un derecho fundamental a la dignidad para que salgan con una visión distinta a la de seguir cometiendo delitos”, puntualizó Cabello Blanco. 

LAS VÍAS JUDICIALES 

Mientras tanto ante la falencia del sistema, otras entidades como la Personería de Valledupar han tenido que acudir a las vías judiciales para lograr resarcir parte de la violación de los derechos humanos de los privados de la libertad.

Por ejemplo, el pasado mes de agosto la Personería logró que el Juzgado Sexto Administrativo Oral de la ciudad ordenara en primera instancia el traslado de los reclusos de la estación La Permanente.

“El fallo fue favorable luego se comunicó a las autoridades que estaban involucrada que nosotros accionamos y ellos apelaron, o sea la Alcaldía, Gobernación e INPEC y se fue a segunda instancia, todavía no lo han resuelto”, explicó Ciro Pérez, funcionario encargado de asuntos penitenciarios de la Personería. 

En la decisión, el juez también ordenó a la administración municipal y al departamento del Cesar que de manera coordinada procedieran a iniciar los trámites necesarios para la creación y adecuación de un centro carcelario en Valledupar con el objeto de albergar a los sindicados o no condenados mientras se les define si situación jurídica de manera definitiva. 

“Estamos a la espera de que se reúnan las entidades intervinientes para que presenten los modelos y esta solución que sería definitiva”, añadió Peréz. 

Agregó que los internos de La Permanente serían movidos a la Cárcel Judicial la cual tendría que ser adecuada por el alto número de reclusos que también tiene. 

Según la Personería, en La Permanente hay 534 internos y en la cárcel Judicial 638.