Los exsecretarios Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, además de la contratista Ivis del Carmen Rosado Roble, se presentaron ante las instalaciones del CTI de la Fiscalía para responder por una investigación en su contra relacionada con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la administración Luis Alberto Monsalvo en la Gobernación del Cesar, en el periodo 2012 – 2015.

Sus entregas se produjeron al tener conocimiento de que eran requeridos por la Fiscalía 12 seccional por los delitos de peculado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

EL INICIO

El proceso judicial surgió por una indagación que comenzó con la Contraloría General de la Nación que evidenció unas presuntas irregularidades en la ejecución del contrato suscrito en el año 2015 por la Gobernación y la contratista Ivis del Carmen Rosado, con el fin de la prestación de servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes en las áreas rural y urbana del departamento.

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De acuerdo a la Contraloría, el valor inicial de la contratación fue de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de la mañana se estableció en $1.760, y el del almuerzo en $2.330.

“Sin embargo, el Anexo N° 02 de los estudios previos del contrato, preveía el valor del IPC (Índice de Precios al Consumidor), con un porcentaje del 4,4 %, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración. De igual forma el cálculo incluyó un 5 % para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza en los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5 % de utilidad”, dijo Procuraduría en un fallo fiscal.

LOS HALLAZGOS

En la auditoría el ente de control consideró en la revisión de los precios que se generó unas adiciones a favor del contratista que aumentó millonariamente el contrato pactado.

“Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el Acta de Liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del Programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto”, indicó el organismo del control.

Para llegar a esa conclusión las autoridades compararon los precios estipulados en el contrato departamental con los empleados en el Ministerio de Educación para la misma fecha, el cual había contratado iguales raciones a un precio de $943 para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la Gobernación.

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HAY CONDENAS FISCAL

Por estos hechos fueron condenados los tres detenidos fiscalmente por un fallo de la Contraloría por más de $1.123 millones.

En la providencia el ente consideró que “la fórmula usada por la Gobernación del Cesar y operador del PAE para el cálculo del precio por ración permitió que se multiplicaran sin justificación las utilidades del contratista”.

‘LA RED DE LA CONTRATACIÓN ESCOLAR’

Esta no es la primera vez que el departamento es protagonista de escándalos de corrupción por el PAE, en el año 2016 el Ministerio de Educación denunció que en el país existía una red de alimentación escolar.

Nombró que en esta se encontraban Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, quienes por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones.

“Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá – CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari – Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá – Fundación Provenir – Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce – Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce – Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo)”, acotó para la época el Ministerio.

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LOS TRES DETENIDOS

En las últimas horas los detenidos eran presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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