ESCALPELO Por: Dickson E. Quiroz T. El más superlativo de los adjetivos es una bobería para connotar la trascendencia del fallo proferido por la Corte Constitucional (CC) al declarar inexequible la ley de referendo que autorizaba una segunda reelección. Cada día la CC catapulta más y más su honorabilidad. Contra pronósticos reservados, la CC sienta […]
ESCALPELO
Por: Dickson E. Quiroz T.
El más superlativo de los adjetivos es una bobería para connotar la trascendencia del fallo proferido por la Corte Constitucional (CC) al declarar inexequible la ley de referendo que autorizaba una segunda reelección. Cada día la CC catapulta más y más su honorabilidad.
Contra pronósticos reservados, la CC sienta un precedente sin igual al remarcar la independencia de los poderes públicos, al menos el jurisdiccional, en un momento histórico del país donde todo parecía periclitar ante la inmensidad del poder ejecutivo.
Muchos elementos estimulaban las dudas ciudadanas. La misma procedencia de varios de los magistrados, el enconado y reiterado choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, el propio concepto archifavorable del Ministerio Público, las asiduas y amedrentadoras mediciones de opinión y la predicación de la preeminencia del Estado de Opinión, la corriente autocrática prevalente en Suramérica, y sobre todo, se reitera, la capacidad de absorción del ejecutivo, todo ello hacía dudar de la entereza e independencia de la CC.
Cuan equivocado estábamos. Cuando mayores la presión y necesidad, la CC sacó su casta para refrendar el Estado de Derecho como garantía máxima de la democracia, la antítesis de la autocracia o la concentración de poder en cabeza de una sola persona. Aún la opinión mayoritaria ciudadana para invocarse y hacerse valer debe observar los lineamientos formales prescritos en el Estado de Derecho, reconocido en buena hora por el mismísimo presidente Uribe Vélez en un gesto que, aunque de última hora, logra reivindicarlo un poco.
Aún conociendo apenas apartes del fallo de la CC, y analizándolo sin prevención, ha de concluirse que a nuestro presidente Uribe le faltó mucho de grandeza y mucho de nobleza en el pugnaz episodio político-jurídico. Según la CC, la ley del referendo padecía de por lo menos media docena de causales (de forma y de fondo) de inexequibilidad, cualquiera de ellas con la virtualidad de hundirlo.
Y Uribe y su staff de abogados debían saberlo a la perfección. ¿Por qué no evitarle al país ese desgaste doloroso e innecesario? El país prácticamente se paralizó, se pervirtió, se polarizó, perdiéndose lo ganado hasta ahora. Con razón, muchos hablan de una victoria pírrica.
¿Por qué proseguir en la porfía a sabiendas de los cánceres que carcomían esa iniciativa? Sólo una razón lo explicaría: arrogancia. Confiar en el poder omnipotente para lograr que todo y todos hinquen las rodillas; las encuestas eran la más efectiva de las armas para atemorizar.
El tiro le salió por la culata. Y para evitar que ese vértigo autocrático abrace a otro mandatario, se ha cuidado la CC de cerrarle el paso a más de una reelección. Una segunda reelección, o un tercer mandato, es de suyo inconstitucional al romper el sistema de alternancia, la garantía de igualdad y de pesos y contrapesos, fundamentos esenciales de la democracia.
Este pronunciamiento de fondo poco se ha divulgado y debatido, aún siendo de los más esenciales. Y como cuestión curiosa, fue un pronunciamiento ultra ponencia, esto es, fue expuesto y votado mayoritariamente inclusive con el voto desfavorable del propio ponente, que en este acápite se alineó con otros tres minoritarios (Pinilla, González y Pretell; éstos dos últimos votaron negativamente todas las causales invocadas).
Para completar la catarsis, y para escarmentar a todos aquellos habilidosos sin frenos inhibitorios, sólo falta esperar que las autoridades judiciales analicen con detenimiento la decisión constitucional, varios de cuyos pronunciamientos hacen inferir responsabilidades inclusive penales; no pueden caer al vacío las alusiones hechas a la mala intención para defraudar y violar las prescripciones legales, fundamentalmente sobre topes electorales, aportes financieros individuales, prohibición para las empresas, sobre todo en momentos en que esta práctica antidemocrática hace metástasis.