Vivimos en una época de crisis sin precedentes en el último siglo, que imposibilita alcanzar el desarrollo en las regiones, derivando costos sociales que se manifiestan en pobreza, desempleo, exclusión social, disminución progresiva de la calidad de vida y desarticulación de la economía. Su gravedad se puede medir por el hecho de que no estamos frente a una crisis del capitalismo como las que experimentamos en el pasado, sino en una crisis estructural profunda.

Después de 15 meses del inicio de la pandemia covid-19, sus consecuencias sociales y económicas han causado el retroceso en la lucha contra la pobreza, ubicando a Colombia, según el Dane, para el año 2020, con más de 21 millones de personas que viven en pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema, un 42,5 %, y una variación de 6.8 puntos; en el Cesar un 58,3 %.

De acuerdo con lo anterior, se requiere plantear políticas públicas integrales y articuladas desde lo local que promuevan el desarrollo dentro de las dimensiones espacial y temporal de cada territorio; y es un reto para Colombia, que goza de una democracia que necesita fortalecer sus valores, erradicar corrupción y consolidar la paz; se hace necesario reformas en sectores políticos como la salud, distribución de tierras, pensiones, educación. Se requiere regular e institucionalizar el marco jurídico que posibilite la acumulación y reproducción del capital, con una perspectiva a la preservación de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

De allí pues la necesidad de una transformación de la economía y la sociedad para superar las dificultades de pobreza, orientándose hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población mediante una acción decidida y concreta del Gobierno nacional, el gobierno local, los actores públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente de los recursos endógenos existentes, creando un entorno innovador en el territorio que promueva la inversión pública y privada.

Ahora bien, como actores del desarrollo local se identifica a los alcaldes como el eslabón más débil y al mismo tiempo el más importante. Los políticos poco aportan, la falta de liderazgo transformacional y la corrupción son factores que afectan los índices de competitividad y desarrollo; y a pesar que los municipios tienen la autonomía económica requieren del acompañamiento del Gobierno nacional, incentivos tributarios que promuevan proyectos de impacto, inversiones que aprovechen las fortalezas de los territorios y respondan a las necesidades de la población. 

Sin embargo, las políticas públicas se han convertido en “Documentos de buenas intenciones”. Su implementación recae en los municipios, quienes asumen los mayores compromisos con los menores recursos, originando dificultades en la ejecución, y el apoyo del Gobierno nacional es insuficiente.  Las políticas no se cumplen por falta de recursos económicos asignados o generados en las regiones, falta de gestión en materia de recaudación tributaria, y la poca capacidad de pago de la población debido al estado de pobreza en el que viven. 

Con base en lo expuesto, para que las políticas públicas tengan efecto deben tener sostenibilidad económica, se requiere otorgarles mayor autonomía a los territorios, una adecuada coordinación entre los intereses nacionales y locales acompañados por una cohesión con el sector privado, y la participación de actores políticos y sociales, con el fin de darle sostenibilidad al desarrollo y crecimiento en los territorios.