Amparado en la sentencia T22 de 2016, una acción de tutela que se convierte en la médula espinal para la salvaguarda de los afluentes en el país, el contralor Municipal, Omar Javier Contreras Socarrás busca que por obligatorio cumplimiento los ríos Cesar y Guatapurí sean protegidos por las corporaciones ambientales, el gobierno departamental y municipal.
Esta sentencia declaró al río Atrato “sujeto de derechos” y especial protección constitucional y a principios de este año, le ordenó al Estado un plan de choque para salvar este afluente de la minería desbordada y los contaminantes al estar repletos de mercurio y cianuro.
La tutela por primera vez reconoció a un río como sujeto de derechos y a su vez se convirtió en el punto de partida para todos los departamentos que quieran declarar la protección sobre sus afluentes; el segundo en solicitar esta protección fue el río Sinú y la iniciativa ahora buscará ser aplicada en el departamento para la protección de los ríos Cesar y Guatapurí.
