La Procuraduría General de la Nación presentó un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre 522 víctimas del conflicto armando que murieron en cautiverio, y demandó que frente a estos casos los antiguos miembros de las FARC -EP aporten la verdad a la que se comprometieron en el Acuerdo de Paz y en su acogimiento a la JEP.
“La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra, exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro. Las declaraciones ante la JEP no se pueden quedar en simples relatos de casos. Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos”, indicó el procurador general, Fernando Carrillo Flórez.
Para la presentación de este informe el ente de control cruzó las bases de datos sobre secuestrados del Gaula, Fiscalía, País Libre, Fondo de Libertad y el desaparecido DAS.
