La Procuraduría General de Nación formuló nuevos cargos a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por la adjudicación de un contrato para la implementación del llamado corredor digital para ese departamento, por valor de 20.000 millones de pesos, que se entregó en el 2015 y cuya ejecución implicaba desembolsos futuros.
Según el Ministerio Público, se establecieron extraños requisitos sobre la experiencia y la capacidad financiera que debían tener los oferentes por lo que se habría faltado al derecho a la igualdad.
En el papel, el objetivo era el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo educativo de La Guajira, pero el proceso contractual, en criterio de la Procuraduría, violó varias normas. De esta manera se calificó la falta como gravísima.
