La Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar declaró la prescripción de la investigación disciplinaria que adelantaba en contra del exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute, y el exsecretario General, Juan José Lechuga.
La investigación surgió en el 2020 tras una queja presentada por el exconcejal Ricardo Vives en contra de los dos exsecretarios de Valledupar por un contrato que buscaba fortalecer la orientación vocacional, profesional y técnicas de los estudiantes de 11 grado de Valledupar “para un mejor desempeño en entrevista de admisión en las instituciones de educación superior”.
Investigación sin avances
El exconcejal denunció que el contrato de $592 millones se suscribió el 29 de octubre de 2019, a dos meses de terminar su mandato, con un plazo de ejecución de 45 días. Las actividades del contrato iniciaron el 7 de noviembre de ese año. Sin embargo, siguiendo con la denuncia, no se le podría dar cumplimiento al objeto contractual, “porque están por fuera de las fechas donde los estudiantes del grado 11 podían elegir aspirar a una carrera profesional y recibir dicha orientación”. Además, las entrevistas se realizan durante ese mes, antes de que terminara la ejecución del contrato.
