A menos de dos meses de finalizar el año y comenzar las elecciones al Congreso de la República y las presidenciales, en el departamento del Cesar ya se están preparando las filas de votantes que liderarían trabajadores de prestación de servicios, líderes comunales, contratistas y hasta funcionarios públicos, que otorgarán pagos, renovarán contratos laborales, ofrecerán mercados de comida y hasta sustancias ilícitas con tal de obtener el número de votos suficientes para que el candidato que apoyan salga victorioso en las urnas.
De acuerdo con conocedores del tema consultados por el diario EL PILÓN, las estrategias de algunos candidatos y de sus campañas políticas van desde reuniones en las que citan a trabajadores de una empresa en particular para incitarlos a que entre sus familiares, amigos, conocidos y gremios recolecten una cantidad específica de votos con la promesa de que la compañía obtendría beneficios laborales si el aspirante obtiene el cargo político.
De igual manera cuando el director de la misma o miembros de la Junta Directiva tienen nexos personales o familiares, obligando de esa manera a sus trabajadores a votar por el partido o candidato que apoya la compañía. Dichas modalidades recaen en los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos respectivamente, los cuales tienen penas de hasta nueve años de cárcel.
