En medio del encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), realizado este sábado en Valledupar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió el bombardeo en zona rural del Guaviare, operación en la que murieron menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.
Ante los alcaldes de las capitales del país, el ministro sostuvo que la acción militar del pasado 10 de noviembre contra la estructura criminal de Iván ‘Mordisco’ “salvó la vida de 20 militares” que, según dijo, se encontraban en desventaja táctica y bajo “amenaza letal” de ese grupo armado.
Explicó que la decisión de emplear apoyo aéreo, incluido el bombardeo, se tomó con base en información de inteligencia que advertía “un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”.
El ministro señaló que la operación permitió afectar a 26 integrantes de la estructura criminal responsable de ataques “extremadamente violentos y sistemáticos” contra la población y las autoridades. Entre los 20 fallecidos, detalló, Medicina Legal identificó a siete adolescentes que habían sido reclutados y utilizados como combatientes ilegales en acciones continuas de guerra.
Frente a ese punto, el jefe de la cartera de Defensa insistió en que la responsabilidad por la muerte de menores recae “única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario y del interés superior de la niñez”.
También destacó que, gracias a la inserción de las tropas en el área, se logró la recuperación con vida de tres adolescentes más que integraban ese grupo criminal, se evacuó a otros dos y se brindaron primeros auxilios a un herido, “en estricto cumplimiento del principio de humanidad”.
“Usan los menores de edad”
El alto funcionario resaltó además la peligrosidad de la facción ‘Mordisco’ y la magnitud de la amenaza que, según dijo, quedó en evidencia con el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos: ametralladoras, fusiles, morteros, más de 30.000 municiones, minas antipersonal y otros elementos bélicos.
En su intervención ante Asocapitales, el ministro indicó que las disidencias de alias ‘Mordisco’ financian sus acciones mediante narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, secuestro y extorsión, y que han recurrido de manera sistemática al reclutamiento forzado de menores, conducta que calificó como “crimen de guerra y de lesa humanidad, imprescriptible y generadora de responsabilidad penal internacional”.
Los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo
Horas antes de la intervención del ministro en Valledupar, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que, aunque reconoce que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, cuestiona la forma como se desarrolló la operación militar en el Guaviare.
La entidad confirmó el fallecimiento de seis menores de edad víctimas de reclutamiento forzado y la recuperación de cuatro cuerpos más sin identificar, y calificó el hecho como “profundamente lamentable”. En el texto, la Defensoría recordó que el DIH establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades y afirmó que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”.
Según el pronunciamiento, los menores de edad que han sido forzados a participar en las hostilidades conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada e interés superior de la niñez. Por ello, pidió evaluar “cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios” y se preguntó si, en este caso concreto, pudieron emplearse otras modalidades de operación capaces de alcanzar la misma ventaja militar “con un daño significativamente menor”.
La Defensoría reiteró que la responsabilidad originaria de la muerte de los menores recae en los grupos armados que los reclutan, en este caso, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, pero advirtió que el Estado no puede utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para normalizar el uso de la fuerza.
El organismo de control consideró que no es éticamente aceptable reducir la discusión a un análisis técnico sobre los umbrales del DIH y sus márgenes de aplicación. “Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, señaló, al advertir que la situación ilustra “el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución” en el país.
