Declarar inexequible la norma que no reconoce como servidoras públicas a las madres comunitarias pidió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, por considerar que no otorgarles esa calidad va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital de quienes desarrollan esa labor.
El Ministerio Público consideró que no es constitucionalmente admisible que por más de 30 años el Estado haya empleado a una cantidad considerable de mujeres para prestar un servicio público, y a la vez desconozca sus derechos laborales al no destinar los recursos suficientes para remunerar sus labores de manera regular.
La Procuraduría se pronunció al emitir concepto sobre la constitucionalidad de la ley que dictó normas en materia tributaria (Artículo 36 de la Ley 1607 de 2012) que no las reconoce como servidoras públicas.
