Los ciudadanos colombianos que ejerzan su derecho al voto este domingo 8 de marzo en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes y, al mismo tiempo, para las Consultas Interpartidistas, recibirán una serie de descuentos y beneficios presentando su certificado electoral en todo el territorio nacional.
De acuerdo la Registraduría Nacional del Estado Civil, los alivios aplican únicamente para quienes voten y conserven su certificado electoral al finalizar la jornada. El comprobante también se convierte en el soporte para acceder de manera prioritaria a distintos trámites públicos durante un periodo determinado.
Los interesados deben conservar su certificado electoral para poder acceder a los descuentos. Foto: Registraduría Nacional.
Descuentos
Entre los incentivos más destacados se encuentra un descuento del 10 % en el valor de expedición del pasaporte. Este descuento solo se podrá solicitar una vez dentro de los cuatro años siguientes a la jornada electoral.
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Para hacer efectivo el descuento en el pasaporte, el ciudadano debe presentar el certificado electoral original que le entregan en la mesa de votación. Adicionalmente, el certificado permite obtener reducciones del 10 % en diligencias relacionadas con la libreta militar, tanto en expedición inicial como en duplicados. Así como, en copias adicionales de la cédula de ciudadanía a partir del segundo duplicado.
Jornada laboral remunerada
Además del beneficio en trámites de identificación, la ley colombiana otorga un incentivo laboral directo. Los trabajadores que acrediten haber votado tienen derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado. Este tiempo libre debe ser concertado con el empleador y disfrutado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 403 de 1997.
Descuentos educativos
Otros beneficios incluyen descuentos del 10 % en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior. Asimismo, los votantes obtienen prelación en casos de empate dentro de exámenes de admisión universitaria, convocatorias laborales de carrera administrativa o en la asignación de becas educativas.
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Este caso también aplica en procesos de subsidios de vivienda o en la entrega de predios rurales cuando exista igualdad de condiciones entre aspirantes.
