El desalojo de las casi 30.000 personas asentadas en el predio Sabanas 1, programado para el próximo 31 de agosto, enfrenta un nuevo obstáculo logístico que podría frenar la diligencia. La administración municipal de Valledupar reconoció que la fuerza pública ha advertido sobre la incapacidad operativa para acompañar el procedimiento debido a la atención de la emergencia por el reciente terremoto en el centro del país.
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En una entrevista con Radio Guatapurí, el alcalde Ernesto Orozco explicó la magnitud del operativo y las limitaciones actuales para cumplir la fecha fijada por la Inspección Séptima Urbana.
“Nosotros estamos cumpliendo una orden judicial y el inspector puso una fecha de desalojo. Ahí estamos hablando del tema con la comunidad, con la fuerza pública. Para hacer un desalojo de ese tipo estamos hablando de que tendríamos que tener alrededor de 2.000 o 3000 policías especializados. Tendríamos que disponer de los sitios donde vamos a llevar esas personas. Pero en estos momentos, con la situación que tenemos en el centro del país por el terremoto, la fuerza pública nos ha hablado de la imposibilidad material de poder hacer ese desalojo”, aseguró el mandatario.
