La reciente imputación de cargos por fraude procesal contra Juliana Guerrero ha generado interrogantes sobre su continuidad en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. En una audiencia, la Fiscalía General de la Nación comunicó el inicio de una investigación por obtener diplomas de contadora pública y tecnóloga en la Fundación Universitaria San José. Según el ente acusador, la funcionaria no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado.
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A pesar de este escenario judicial, la ley permite que la delegada mantenga su posición en el órgano de dirección universitaria. La normativa señala que una imputación no desvirtúa la presunción de inocencia.
Para que exista una inhabilidad que obligue a su retiro, tendría que proferirse una sentencia condenatoria ejecutoriada o una sanción disciplinaria en firme. Otra causal de separación sería que un juez le imponga una medida de aseguramiento que le impida asistir a las sesiones, situación que no ha ocurrido en este proceso.
