El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estableció nuevas disposiciones para la atención de las manifestaciones públicas en Colombia mediante el Decreto 1525 que modifica y adiciona reglas al Decreto 003 de 2021, relacionado con la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza por parte del Estado. La normativa introduce cambios en la actuación de la Policía, la coordinación de las autoridades y el manejo de las obstrucciones viales.
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Uno de los principales ajustes establece que el diálogo y la mediación deben mantenerse como herramientas para facilitar el desarrollo pacífico de las movilizaciones, pero no pueden convertirse en un requisito previo que retrase la intervención frente a personas que cometan actos de violencia. De acuerdo con el decreto, las autoridades podrán actuar contra quienes incurran en estas conductas mientras continúan las labores de diálogo con el resto de los manifestantes.
La disposición también contempla situaciones en las que, desde el inicio de una concentración, se identifique el porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, así como la retención de personas contra su voluntad, las agresiones a terceros y los daños a infraestructura pública o privada. En esos casos la Policía podrá intervenir sin agotar previamente todos los niveles de actuación, cuando existan razones objetivas y verificables que lo hagan materialmente imposible. La decisión deberá quedar justificada en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).
