La Jagua del Pilar, un pequeño municipio del sur de La Guajira, vuelve a ser epicentro del debate electoral en Colombia. A pocos días de las elecciones atípicas del 18 de mayo, la palabra “trashumancia” retumba con más fuerza en las calles, en redes sociales y en los pasillos institucionales.
La historia no es nueva, pero sigue vigente. Desde que el municipio adquirió su vida jurídica en 1998, la inscripción irregular de cédulas ha sido una constante. Así lo explica el ingeniero Ramón Soto, conocedor de los procesos políticos de la región. Soto recuerda que en sus inicios la trashumancia era “solidaria y familiar”, con votantes que volvían por arraigo. Pero desde 2007, la situación se transformó en lo que hoy llama “una maquinaria bien aceitada de traslado y compra de votos”.
“Se ha vuelto un negocio donde hay quienes traen gente para votar, con transporte, refrigerios, y hasta dinero pactado. El voto dejó de ser una decisión y se convirtió en mercancía”, señala Soto, quien también denuncia la participación de personas que falsifican documentos de residencia con ayuda de intermediarios políticos.
