Un tortuoso o más bien difícil 2018 vivieron varios alcaldes y concejales en el departamento del Cesar; las cosas, a pesar de que tuvieron asesores por doquier, no les salieron bien y terminaron sancionados, inhabilitados y hasta presos por los organismos de control e investigación.
Es el caso de los concejales de Valledupar, a quienes en primera instancia la Procuraduría General de la Nación los destituyó e inhabilitó por 12 años, saliendo afectados 16 de los 19 que conforman la corporación.
El Ministerio Público no les dejó pasar la irregularidad cometida al elegir en febrero de 2017 a Omar Contreras Socarrás como contralor municipal y los sancionó porque omitieron sus deberes al elegir a alguien que estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos, al tiempo que consideró que los concejales vulneraron los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la función pública.
