EL PILÓN conoció un documento oficial de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar que revela el origen probatorio de una millonaria condena en contra del municipio. Todo el pleito legal se originó por la falta de un contrato de prestación de servicios a principios del año 2016.
La semana pasada, el Consejo de Estado ordenó a la administración local pagar 896 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios mediante la figura de enriquecimiento sin justa causa. El recuento cronológico indica que, entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2016, la institución trabajó sin una firma que respaldara sus operaciones. A pesar de la omisión en el papeleo, los rescatistas no detuvieron su labor por tratarse de un servicio público esencial y atendieron 407 emergencias en ese periodo.
La balanza judicial se inclinó a favor de los bomberos al comprobarse que el propio municipio, en cabeza del exalcalde Augusto Ramírez Uhía, utilizó su capacidad operativa a sabiendas de que no había un contrato vigente. El expediente documenta 29 requerimientos directos emitidos por dependencias como la Secretaría de Gobierno, Indupal y Gestión del Riesgo. Estas oficinas solicitaron acompañamiento para el aniversario de la ciudad, encuentros deportivos, la Semana Santa y el Festival Vallenato. Incluso, en la formalización contractual posterior, la alcaldía dejó por escrito su «imposibilidad de asumir por sí mismo la ejecución de las tareas necesarias para lograr la prestación de los servicios».
