La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, solicitó al Gobierno Nacional aplazar la decisión de expedir el decreto sobre la llamada Línea Negra, “para que de manera integral y profunda se estudien, discutan y debatan con todos los actores interesados las implicaciones que acarrearían”.
Asocapitales aseguró, además, que el proyecto genera mucha preocupación por la relevancia de la regulación, su trascendencia en los distintos ámbitos de gobernabilidad de las ciudades como Valledupar, Santa Marta y Riohacha.
“El proyecto excede la potestad reglamentaria puesto que tiene como objeto redefinir un aspecto que está reservado para ser regulado por medio de ley orgánica, como lo es el de delimitar los territorios indígenas como entes territoriales. Genera un conflicto de competencias entre las autoridades indígenas y civiles, y las comunidades que estas representan, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las instituciones; generando la posibilidad a la autoridad indígena de establecer un gobierno autónomo en espacios que coinciden con los de las ciudades capitales. De esta manera podría verse afectada la organización territorial a nivel local, puesto que haría extensivos los alcances de la ley 388 de 1997, provocando que las autoridades indígenas excedan su competencia en lo relativo a los proyectos de desarrollo”, dice el documento enviado al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez.
