Por causarle daño al patrimonio del público por irregularidades en la celebración de un contrato de obra en el municipio de La Jagua de Ibirico, centro del Cesar, un grupo de contratistas pagó $86.985.000 al ser sancionado por la Contraloría General de la República.
La decisión fue proferida mediante fallo de la Gerencia Departamental del Cesar, con responsabilidad fiscal en primera instancia y confirmada en segunda instancia.
El objeto del proceso contractual era la construcción de 12 comedores escolares en veredas de ese municipio, sin embargo, la Contraloría evidenció a la fecha de la celebración del contrato que uno de los 12 inmuebles ya se encontraba terminado, por tanto, el contratista solo debía construir 11 por el valor de 12 comedores.
