Una demanda interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público – GLIP, de la Universidad del Norte, con el fin de anular el Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía que establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, fue admitida por el Consejo de Estado en las últimas horas.
Según el director del Departamento de Derecho y del Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, Juan Pablo Sarmiento, con la acción de nulidad se busca “asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”, indicó.
Esta medida de control se suma a la acción popular interpuesta en 2017 por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación Defensora Del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, ante el Tribunal Administrativo de Santander por los proyectos de ConocoPhillips y Canacol Energy en San Martín (Cesar), así como a las acciones populares radicadas recientemente ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el gobernador Carlos Andrés Amaya, y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el ciudadano Álvaro Diazgranados de Pablo.
