Con 95 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La corporación respaldó el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado, por lo que la iniciativa quedó a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley.
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El proyecto busca establecer un mecanismo jurídico para que integrantes de organizaciones criminales de alto impacto puedan acogerse voluntariamente a la justicia, abandonar sus actividades ilegales y contribuir al desmantelamiento de sus estructuras. A diferencia de los diálogos de paz, el mecanismo no reconoce a estas organizaciones como actores políticos, sino que establece una serie de requisitos legales y compromisos con el Estado para que sus integrantes puedan acceder a beneficios judiciales.
Según el articulado aprobado, los integrantes de base de estas organizaciones podrían obtener reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y máximos responsables la rebaja podría alcanzar el 30 %. Estos beneficios no serían automáticos, pues dependerán del cumplimiento de los compromisos establecidos con el Estado y las autoridades judiciales.
