El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar falló en primera instancia a favor de Lina María de Armas Daza y ratificó su permanencia como agente interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López. Aunque la funcionaria ya había retomado el control de la entidad por una medida cautelar, esta nueva decisión judicial le otorga un amparo transitorio para proteger sus derechos al mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada.
El juez determinó que la Superintendencia Nacional de Salud no justificó la urgencia de removerla frente a su estado de embarazo y su rol como principal proveedora económica de una hija diagnosticada con autismo. De Armas, quien se posesionó el 10 de junio de 2026, había notificado formalmente a la entidad sobre su gestación el 31 de agosto.
Para sustentar la destitución, la Supersalud argumentó deficiencias administrativas, desabastecimiento de insumos y presuntas irregularidades en 474 contratos de prestación de servicios. La entidad nacional también señaló que los agentes interventores ejercen funciones públicas transitorias, por lo que consideraba que no les aplicaba automáticamente la estabilidad laboral.
