En un calvario se convirtió la designación de contralores municipales en el país. Concejales de ciudades como Ibagué, Villavicencio y hasta Valledupar han sido sancionados o actualmente se defienden por investigaciones disciplinarias a cargo de organismos de control.
En primera instancia, 15 concejales de Valledupar fueron destituidos e inhabilitados por 13 años por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, al hallarlos responsables de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, por supuestas irregularidades y conflicto de intereses en la elección de Álvaro Castilla, como jefe del organismo de control fiscal del municipio. En una segunda instancia quedaron absueltos.
Al ser sancionada la elección de Castilla, el Concejo escogió a Omar Contreras Socarrás como contralor, a quien finalmente el Consejo de Estado anuló su elección, al comprobar que había actuado como Defensor del Pueblo de la regional Cesar, un año antes de su designación, hecho prohibido por la ley.
