Las compañías mineras del carbón que delimitan la amplia región de la provincia vallenata, del Cesar y La Guajira, han venido a hacer buenos negocios y el Estado también ha procurado hacerlo.

Después de la original explotación  del Cerrejón, en la que se unieron Exxon (Intercor) y la nación (Carbocol) en un contrato de asociación por mitades, en el que a esta no le fue bien, se cambió hace 25 años hacia la modalidad de la concesión, en que el particular asumía todo el riesgo financiero, minero y comercial a cambio de una contraprestación de una regalía básica más una contraprestación, más otros compromisos contractuales. Se pretendió un ‘gana-gana’.

Pero la actividad minera en el departamento vive singular paradoja.  Mucha gente ansía emplearse en esa actividad de buenos sueldos, quiere servirse de la  inversión de las regalías,  pero teje un ambiente poco favorable a dicha inversión,  justificadas por consideraciones ambientales, siempre bienvenidas. 

Pero se censura entonces a las empresas porque no generan más empleos o no emplean solo a los raizales, porque se invierten mal las regalías, y ellas no tienen que ver con que los alcaldes o el gobernador las contraten mal, y se ha llegado a endilgarles sin soporte técnico que son responsables del déficit hídrico fruto del cambio climático, sin ver que el carbón es producido para la exportación.  Ese cuadro adverso se ha extendido a los tribunales, que haciendo gestos para lograr simpatía en la opinión pública toman decisiones de alto costo social, como el que en nuestro editorial, ‘El tribunal Administrativo del Cesar ayuda mal a los Yukpas’, del 16 de septiembre de 2019, se mostró que se abría un riesgoso camino de desestímulo a la minería.  Solo faltaba que los precios cayeran para que esos altos costos derivados de la determinación de no usar un botadero de material estéril comprometieran el negocio de Prodeco.   Dijimos:

“Ahora, el Tribunal del Contencioso-Administrativo del Cesar, en fallo de tutela en primera instancia ha considerado que una actuación del ejecutivo sustrayendo un área de reserva forestal para la evaluación de una modificación del Plan de Manejo Ambiental que adelanta la Operación Integrada de La Jagua, que no es sino una ampliación de la explotación en curso, para un depósito de tierra, debe caer porque se traslaparía con ese pretendido territorio, que no ha delimitado oportunamente la Agencia Nacional de Tierras (…)”.

“Un grave precedente porque cualquier proyecto, como una carretera, que requiere una concesión minera, para el uso de la piedra, estaría sometida a una engorrosa consulta, cuando no hay delimitación oficial sino la que ya de antemano -y sin prueba ni proceso de concertación con la mayoría de la población- fijaron los yukpas.  A ellos los acompañamos pero, con todo respeto, se les está yendo la mano”.

La decisión fue confirmada por el juez superior, y cambió el plan minero y financiero de la compañía.  ¿Quién se benefició de ponerle a Prodeco un bozal?  Los bajos precios desnudaron que esos altos costos, desprendidos de esa y otras decisiones similares, hacían inviable el negocio.